Impacto del COVID-19 sobre la ejecución de contratos en Uruguay

Impacto del COVID-19 sobre la ejecución de contratos en Uruguay
Autor
Escrito por Supervielle – de Cores Abogados

Categoría: Publicaciones

Fecha: abril 1, 2020

No ajeno a la realidad del mundo, el pasado 13 de marzo se dieron a conocer en Uruguay los primeros casos de Coronavirus, así como la declaración de emergencia sanitaria y la adopción de determinadas medidas por parte del Estado. Desde entonces, los casos han ido en aumento y en consecuencia las autoridades han ido adoptando progresivamente medidas para controlar el avance del mismo.

El mencionado contexto y el avance del Coronavirus, además de tener impacto sobre la salud y la vida de las personas, lo tiene sobre la economía, las empresas, los negocios, y eventualmente sobre los contratos en ejecución. En este sentido, es posible que las partes de un contrato busquen justificar incumplimientos, alegando como circunstancia de fuerza mayor la situación generada por el Coronavirus.

Sin perjuicio de que corresponde analizar caso a caso si un incumplimiento puede ser justificado por la mencionada situación, hay contratos que posiblemente presenten menores dificultades que otros, ya que en algunos se prevé expresamente las situaciones de “fuerza mayor” y/o “caso fortuito”, regulándose como operan las mismas.

Ahora bien, en aquellos contratos en que no se regulan expresamente las mencionadas situaciones, habrá que estarse a lo dispuesto en el régimen de responsabilidad civil establecido por la normativa uruguaya, el cual dispone como eximente de responsabilidad a la “causa extraña no imputable”, quedando comprendida la fuerza mayor.

Con respecto a los requisitos para que opere dicha eximente de responsabilidad, tradicionalmente se ha requerido que el evento revista el carácter de (i) externo, (ii) imprevisible, e (iii) irresistible, y que a su vez el mismo impida el cumplimiento.

En relación a los tres primeros requisitos, la situación generada con el Coronavirus parecería cumplir con los mismos, ya que (i) en la misma no participa la voluntad de las partes del contrato (externo), (ii) en circunstancias normales no es posible prever una pandemia con tanto impacto (imprevisible), y (iii) es una situación fáctica sobre la que no se tiene injerencia (irresistible).

Ahora bien, con respecto a la imposibilidad de cumplimiento, la doctrina y jurisprudencia uruguaya han entendido que el mismo debe ser analizado de forma objetiva, y realmente debe generarse una situación de imposibilidad de cumplimiento. Ello implica que para que un incumplimiento pueda ser justificado por “causa extraña no imputable”, el cumplimiento de la obligación en cuestión debe ser imposible y no simplemente verse dificultado, y el mismo debería ser imposible para cualquier empresa en la misma situación (objetivo). Tal situación se daría, por ejemplo, si las autoridades nacionales prohibieran transitoria o definitivamente la actividad establecida en el contrato, o si el bien objeto del mismo es clausurado por el Estado.

En definitiva, en Uruguay, para determinar si la situación del Coronavirus puede invocarse como eximente de responsabilidad en caso de incumplimiento, habrá que analizar caso a caso (i) si el texto del contrato prevé y regula las situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, y de qué forma, y/o (ii) si la situación generada por el Coronavirus reviste los requisitos de la “causa extraña no imputable”, y especialmente si la misma implica objetivamente una imposibilidad de cumplimiento.

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