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Jul
23
Inlaw Alliance
Los scooters eléctricos y su regulación
Publicaciones, Derecho Constitucional, Derecho Público, InLaw Alliance, Oportunidad de Negocio
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scooters electricos regulacion

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Desde inicios del presente año se viene apreciando mayor cantidad de scooters eléctricos en las calles de la capital de Perú. Sin embargo, lo que ocurre aquí no es un fenómeno aislado, sino que se trata de una nueva alternativa de transporte que en los últimos años ha venido implantándose en diversas ciudades del mundo. Asimismo, en Perú han sido las empresas Grin y Movo ha sido las primeras en ofrecer un servicio de alquiler compartido por medio de aplicaciones para Smartphones.

En tal sentido, podemos afirmar a estas alturas que los scooters eléctricos o patinetas eléctricas han dejado de ser simples artículos de recreación para convertirse en el medio de transporte en el que un creciente número de peruanos se dirigen hacia sus trabajos o centros de estudio diariamente, los cuales, se han visto atraídos por las ventajas que estos ofrecen, entre las cuales están: el bajo costo que implica adquirirlos, poco espacio de almacenamiento, ahorro en combustible, respeto por el medio ambiente, bajo impacto acústico, etc.

No obstante, el que una nueva modalidad de transporte se introduzca en el parque automotor implica nuevos y mayores desafíos para los entes encargados de regularlos y es que, como se ha podido apreciar en los últimos días, por más que las patinetas sean ligeras de peso y no sean aptas para recorrer a altas velocidades, estas también pueden ocasionar serios accidentes, como el acontecido días atrás en la Avenida Salaverry donde un imprudente conductor de patineta que iba por la vereda atropelló a una señora, la cual resultó con múltiples fracturas.

Ante ello, el pasado 26 de abril el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió la Resolución Ministerial Nº 308-2019 MTC/01.02 a través de la cual incorporó este tipo de vehículos al Reglamento Nacional de Vehículos como Vehículos de Movilidad Personal (MVP), a los que, a través de la misma Resolución se les define como:

«( … ) aquel vehículo equipado con un motor eléctrico que permite su propulsión a una velocidad máxima de construcción de hasta 25km/h. Dicho vehículo por su diseño y características solo permite el desplazamiento de una (1) persona o usuario. Se consideran VMP a las patinetas, monopatines, monociclos, vehículos autoequilibrados, los cuales no son vehículos automotores o ciclomotores, debiendo circular en estricto por el carril derecho de la calzada de las calles y jirones, o en su defecto, el carril más cercano de la acera o ciclovías de las mismas.»

Por tanto, del artículo citado queda meridianamente claro lo siguiente:

  • La circulación de las patinetas deberá realizarse por la q1.l~da (pista) y no por veredas, pasajes, áreas verdes ni pasos peatonales.
  • El límite de velocidad máxima será de 25 Km/h. 
  • Solo se permite el desplazamiento de una persona por scooter.

Sin embargo, no debemos olvidar que el uso de estos vehículos ya se encontraba regulado toda vez que el Artículo 102º del Reglamento Nacional de Tránsito establece que «los conductores de vehículos menores automotores o no motorizados tienen los derechos y obligaciones aplicables a los conductores de vehículos mayores, excepto aquellos que por su naturaleza no le son aplicables»; indudablemente esta disposición incluye a los scooters eléctricos, por lo que algunas de las disposiciones contenidas en las Ordenanzas que han ido emitiendo o buscando emitir las diferentes municipalidades distritales resultarían innecesarias, contradictorias o desproporcionales, como en el caso de las multas.

Como muestra de lo antes señalado, el Artículo 138º del Reglamento Nacional de Tránsito ya prohíbe transitar y estacionarse con cualquier tipo de vehículo (evidentemente esto incluye a los scooters eléctrico) sobre las aceras, pasajes, áreas verdes, pasos peatonales y demás lugares donde se indique su prohibición.

Finalmente, no debemos dejar de lado que si bien las disposiciones normativas orientadas a regular el uso de los scooters eléctricos deberán ser coordinadas, resulta hasta utópico pensar estas van a poder ser fiscalizadas eficientemente cuando ello no ha sido posible ni siquiera en los vehículos motorizados (no es extraño ver motociclistas desplazándose por las veredas con total impunidad). Por lo tanto, a la adecuada regulación deberá añadirse la de generar conciencia en la población, es decir, hacer entender que existirán consecuencias concretas ante el incumplimiento de las reglas de tránsito.

Autor: Ricardo A. Obando V., Asistente Legal
montezuma abogados peru

Jul
10
Inlaw Alliance
La inversión pública en el Ecuador
Derecho Público, Publicaciones
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La inversión pública en el Ecuador como un escenario de negocios

El Gobierno de Ecuador anunció hace pocos días, que destinará 47 mil millones de dólares a la inversión pública durante el período 2013-2017, dentro del marco de ejecución del “Plan Nacional del Buen Vivir”, cuyos objetivos se plantean, entre otros, erradicar la pobreza, la desnutrición infantil, así como garantizar la equidad social y la eficiencia de acción política.

De igual manera, el Gobierno Ecuatoriano adelantó que, en primera instancia, dentro de su plan de acción, tiene previsto acabar efectuando una inversión pública aproximada de nueve mil millones de dólares solamente durante el presente año 2013, lo que hace suponer que la inversión pública durante el próximo año 2014 superará fácilmente los diez mil millones de dólares.

El alto precio del barril de petróleo, el mantener una balanza comercial positiva; y, el reducir drásticamente su deuda externa, han permitido al gobierno ecuatoriano desenvolverse los últimos años dentro de un marco económico bastante favorable, donde el Estado se ha convertido en consecuencia, en el principal actor de la economía, a través de la generación continua de obra pública, empleo y consumo.

El anuncio económico realizado por parte del gobierno ecuatoriano, transparenta a su vez, la necesidad puntual que tendrá el Estado de contratar durante los próximos años, la ejecución de grandes obras públicas, la prestación de servicios y la adquisición de bienes de distinta naturaleza, generándose en consecuencia un mercado potencial de negocios muy interesante, tanto para el propio sector productivo nacional, así como para el sector privado internacional, pues con el monto total de la inversión pública a realizarse, creemos que habrá espacio suficiente para todos los actores.

Esta situación particular por la que atraviesa la economía ecuatoriana, sumada a la estabilidad financiera que brinda el tener una moneda dura como el dólar, ha determinado que el realizar negocios con el sector público en el Ecuador, se convierta no solo en una fuente de crecimiento potencial para las propias empresas locales, sino que ha determinado el surgimiento de un nuevo nicho de mercado y foco de interés para las grandes y medianas compañías extranjeras, quienes a través del establecimiento de sucursales, han comenzado a competir de igual a igual con los empresarios locales, dentro del sistema de contratación pública que se maneja en el Ecuador.

La contratación pública en el Ecuador, se halla enmarcada bajo la conducción de un organismo estatal denominado Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP; y, legalmente regulada a través de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP; y, de su correspondiente Reglamento de aplicación.

La compañías extranjeras que desean participar en los procesos de contratación pública sustanciados por las distintas entidades contratantes del sector público ecuatoriano, tienen la obligación de obtener en primera instancia, una habilitación en el Registro Único de Proveedores que administra el SERCOP para poder presentar sus ofertas, ya sea de forma directa o a través de la conformación de consorcios o asociaciones; y, posteriormente de resultar adjudicatarias de un contrato puntual, tienen la obligación legal de domiciliarse y aperturar una Sucursal en el Ecuador, la que tendrá a su cargo la ejecución cabal del contrato que le ha sido asignado por parte de la entidad contratante.

Potenciales para el sector privado internacional

Nuestro Despacho, apoya de forma permanente a las compañías extranjeras que desean participar dentro de los procesos de contratación pública que se llevan a cabo en el Ecuador, en todas las fases que sean requeridas por nuestros clientes para el efecto, a través de servicios de asesoría, preparación y envío de documentos legales, definición de costos, tiempos y gestiones a implementarse, tratando de facilitar el que la habilitación o posterior domiciliación de su compañía en el Ecuador, sea realizada de la forma más sencilla, oportuna y eficaz.

Si su empresa está pensando expandir operaciones; y, si se halla en búsqueda de nuevos mercados potencialmente interesantes, hay 47 mil millones de razones que convierten al Ecuador en un destino muy interesante durante los próximos cinco años.