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Nov
22
Inlaw Alliance
Los principales tipos de sociedades en Argentina
Publicaciones, Derecho Comercial, Inversión Extranjera
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tipos sociedades argentina

tipos sociedades argentina

Una sociedad comercial existe cuando una o más personas (originalmente las sociedades debían contar con un mínimo de dos socios, pero esto se modificó con la implementación de la Sociedad Anónima Unipersonal y de la Sociedad por Acciones Simplificada) en forma organizada, conforme a los tipos previstos por ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

A los fines de limitar la responsabilidad y salvaguardar el patrimonio, es posible adoptar alguno de los tipos de sociedades previstos en la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales.

Para que una sociedad se encuentre debidamente constituida, es necesario inscribirla en el Registro Público de Comercio correspondiente a su zona de actividad.

La Ley de Sociedades prevé varios tipos distintos de sociedades, cada uno con sus características particulares, sin embargo, los tipos más utilizados en la práctica argentina son la Sociedad Anónima (S.A.), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), y la recientemente implementada Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.).

Para los extranjeros, hay diferentes tipos de empresas que se pueden formar. Cada una ligeramente diferente.

 

1. Sociedad Anónima (SA)

– Requisitos principales:

  • Consejo de Administración en el que la mayoría reside en Argentina.
  • Celebrar una asamblea anual de accionistas (para evaluar la situación financiera de la empresa).
  • Capital mínimo de inversión de $ 100,000 ARS (U$D1500 Aprox.). Podrá suscribirse al menos el 25% del mismo al momento de la constitución de la sociedad, debiendo suscribir el capital restante dentro de los dos años siguientes.
  • El capital está dividido en acciones, de las cuales podrá elegirse distintos tipos, pero que serán de libre transmisión.

Ventajas:

  • Se le permite negociar acciones en el mercado de valores Beneficios financieros – los bancos tienen más probabilidades de emitir créditos (opuestos a un S.R.L).
  • Comercio flexible de acciones de la empresa.
  • No hay límite en el número de accionistas.

 Desventajas:

  • No se puede controlar quién entra y sale de la empresa.
  • Carga financiera en forma de altas tasas impositivas.
  • Costes altos de administración.
  • Los estatutos deben ser públicos.

 

2. Sociedad de Responsabilidad Limitada Argentina (S.R.L.)

– Requisitos:

  • Mínimo de 2 accionistas y un máximo de 50.
  • Sin requisitos de capital mínimo.

Ventajas:

  • No hay límite en el número de personas en la administración.
  • No hay capital mínimo para comenzar la empresa, .
  • Usted no tiene que ser un socio para estar en el consejo de administración.
  • Los accionistas tienen protección frente a la responsabilidad.
  • La empresa puede ser formada por instrumentos públicos o privados.

 Desventajas:

  • Sistema rígido y complejo para cambiar la propiedad del capital.
  • Obligaciones de declaración de impuestos.
  • No puede participar en el mercado de valores.

 

3. Sociedad de Acciones Simplificadas de Argentina (S.A.S.)

Formación de Empresa Argentina

Los socios determinan la estructura organizativa de la empresa.

– Requisitos:

  • El capital consistirá en acciones.
  • La inversión de capital debe ser 2x el salario mínimo argentino (el salario mínimo actual es aproximadamente UD$270).

Ventajas:

  • El tiempo de formación es significativamente menor que un S.A o un S.R.L.
  • Fácil y rentable de constituir.
  • Los socios determinan la estructura organizativa de la empresa.
  • Obligaciones de declaración limitada.
  • Aprobado en 24 horas.

 Desventajas:

  • Las acciones no pueden negociarse en el mercado de valores.

El tipo de entidad legal que elija establecer en Argentina dependerá en gran medida del tipo de negocio que planea ejecutar, de la estructura interna de su negocio, entre otros. Antes de formar una empresa en Argentina, hable con expertos locales que pueden aconsejarle no sólo sobre tipos de entidades legales sino también sobre una estrategia de entrada en el mercado para asegurar el éxito del negocio.

Si bien las complejidades gubernamentales y normativas todavía pueden causar problemas a las personas y empresas que desean entrar en el mercado, ha habido un cambio hacia un proceso más simplificado, además de la apertura de la economía a los extranjeros. Es un buen momento para mirar hacia Argentina y estamos para asistirlo en su inversión extranjera en todos los aspectos relativos a la misma en Argentina, desde la entrada en el mercado, la formación de la compañía hasta la asistencia contable y legal.

 

Autor:  Martínez, Solana & Oriolo Abogados

MSO Abogados Argentina

Nov
15
Inlaw Alliance
Establecimiento de una sociedad extranjera en Argentina
Publicaciones, Derecho Comercial, Inversión Extranjera
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sociedad extranjera argentina

sociedad extranjera argentina

A la hora de establecer una sociedad extranjera en Argentina se deben tener en cuenta qué tipo sociedad comercial va a desarrollarse.

Las sociedades extranjeras pueden operar en el país ya sea a través de la inscripción en el Registro Público de Comercio (el «RPC»), de una sucursal o una filial.

Las filiales se crean mediante la constitución de una sociedad comercial. Los tipos más comunes son la Sociedad Anónima («SA»), la Sociedad de Responsabilidad Limitada («SRL») y la Sociedad de Acciones Simplificadas (“SAS”).

Tanto la sucursal como la filial están sujetas a un mismo régimen fiscal.

Asimismo es importante contar con la información acerca de cómo se distribuyen dividendos y se repatria el capital a casa matriz.

Sociedades extranjeras en Argentina

1. Sucursal

En Argentina, la Ley de Sociedades Comerciales («LSC») considera a una sucursal (la «Sucursal») como una descentralización de la casa matriz de la compañía (la «Casa Matriz» o la «Sociedad»). La Sucursal es regida por las leyes del país de origen de su Casa Matriz y por consiguiente está autorizada a realizar todos los actos que le estén permitidos a su Casa Matriz. Como resultado de la relación establecida entre la Casa Matriz y la Sucursal, la primera es responsable indirecta de las operaciones realizadas por la Sucursal. 

Si bien la Sucursal no tiene limitaciones para poseer activos propios, no está obligada a tener un capital social determinado. No obstante, debe llevar su contabilidad separada de la Casa Matriz y presentar sus Estados Contables anualmente ante Registro Público de Comercio (“RPC”). 

Las operaciones de la Sucursal no generan mucho control administrativo, toda vez que no deben llevarse a cabo reuniones de socios, accionistas o directorio, así como tampoco es necesario llevar un registro de actas. Sin embargo, la Sucursal debe cumplir con algunos recaudos administrativos, como ser su inscripción en el RPC y ante los organismos previsionales y autoridades fiscales. 

Asimismo, anualmente y junto con la presentación de los Estados Contables, la Sucursal debe informar al RPC cualquier cambio que pueda ocurrir  en su Casa Matriz. 

2. Filial.

Una filial es una entidad separada, independiente de la Casa Matriz (la «Filial»). Tiene sus propios deberes y obligaciones, un capital social propio y determinado, y su propio cuerpo administrativo y directivo.

 La Filial responde ante terceros con sus propios activos, y por ende, en principio, la Casa Matriz no es responsable de las operaciones llevadas a cabo por la Filial. Sin embargo, este escudo ha sido recientemente cuestionado por algunos tribunales locales. 

Para poder constituir una Filial, una sociedad extranjera debe previamente registrarse en Argentina en los términos del artículo 123 de la LSC, esto es al sólo efecto de participar como accionista o socio en una sociedad local, sin importar si esta última es una SA o una SRL. 

Por último, de no contar con los tiempos necesarios para la registración de los accionistas de la sociedad pueden inscribirse otros accionistas de modo provisorio, quienes, una vez inscripta la sociedad extranjera en el RPC en los términos del art. 123 LSC, transferirían las acciones a las mismas.

El tipo de entidad legal que elija establecer en Argentina dependerá en gran medida del tipo de negocio que planea ejecutar, de la estructura interna de su negocio, entre otros. Antes de formar una empresa en Argentina, hable con expertos locales que pueden aconsejarle no sólo sobre tipos de entidades legales sino también sobre una estrategia de entrada en el mercado para asegurar el éxito del negocio.

Si bien las complejidades gubernamentales y normativas todavía pueden causar problemas a las personas y empresas que desean entrar en el mercado, ha habido un cambio hacia un proceso más simplificado, además de la apertura de la economía a los extranjeros. Es un buen momento para mirar hacia Argentina y estamos para asistirlo en su inversión extranjera en todos los aspectos relativos a la misma en Argentina, desde la entrada en el mercado, la formación de la compañía hasta la asistencia contable y legal. 

Autor:  Martínez, Solana & Oriolo Abogados

MSO Abogados Argentina

Oct
17
Inlaw Alliance
El arbitraje en España
Publicaciones, Inversión Extranjera, Oportunidad de Negocio
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arbitraje en espana

 

arbitraje en espana

Resolución de conflictos alternativo

El arbitraje es un medio de resolución de conflictos alternativo y equivalente a la jurisdicción de los tribunales estatales. En España el arbitraje, como norma general, cumple con todas las exigencias de la tutela efectiva y, por tanto, es una institución fiable. Con la ventaja añadida de que soluciona las controversias en un plazo inferior al del orden jurisdiccional y que el árbitro u árbitros que lo dirigen son expertos y especialistas en las distintas materias sobre las que se puede predicar el uso de este instrumento. 

Es por eso que trata de una institución en auge, tal y como se desprende del número de arbitrajes que se han desarrollado en nuestro país en los últimos años.

La consideración y reconocimiento de este medio de resolución de conflictos también se ha visto favorecida por la Ley de Arbitraje de 2003 y su posterior reforma a través de la Ley 11/2011, las cuales tienen como fin último impulsar los medios alternativos de solución de conflictos, en especial el arbitraje, logrando su formulación unitaria.

No obstante, y pese al aumento del reconocimiento de este medio no puede obviarse que el arbitraje no puede solventar todas las situaciones. Quedando fuera aquellas controversias en las que por ejemplo se resuelvan conflictos laborales o bien, sobre las que ya exista una resolución judicial firme. Comprendiendo solo a los asuntos en los que se pretenda solventar litigios de libre disposición.

Por lo tanto, el arbitraje es un método de resolución de conflictos que queda limitado a ciertas disyuntivas en las que las partes implicadas tienen disponibilidad sobre la materia y están de acuerdo en someter, de forma expresa, su controversia al laudo dictado por uno o varios árbitros. 

Y pese a que, en comparación con los tribunales, tiene un mayor costo económico, es el método más empleado para dilucidar las divergencias o complicaciones que surgen en las relaciones comerciales. No solo por su brevedad, sino porque además las partes tienen la posibilidad de fijar las pautas, el idioma y/o términos en los que habrá de realizarse.

Es por así decirlo un sistema a la carta. Que puede convenir o no según la dificultad o complejidad de la controversia a solventar, la capacidad económica de las partes, sus pretensiones y necesidades. Por ello, antes de firmar un acuerdo comercial con una cláusula con sumisión expresa a Arbitraje es importante solicitar asesoramiento legal para determinar si se ajusta a nuestros intereses o si bien dadas las características de las posibles controversias convendría someter cualquier litigio a la jurisdicción de los tribunales del lugar donde nos encontremos.

 

Autor:  Círculo Legal

circulo legal abogados españa

 

Oct
8
Inlaw Alliance
Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú
Publicaciones, Inversión Extranjera, Oportunidad de Negocio
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Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú 1

Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú

Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú

Perú, un país de oportunidades

 
FECHA: 9 de OCTUBRE de 2019 HORA: 16.15h
LUGAR: Círculo Legal. C/Príncipe de Vergara 204 Dupdo 4ª. 28002 Madrid

Círculo Legal en colaboración con la Oficina Comercial de la Embajada de Perú en España, organiza la jornada «Cómo invertir con éxito en Perú».
Contaremos con la intervención, mediante videoconferencia, del Despacho de Abogados de Lima, Montezuma Abogados, miembro junto con Círculo Legal de Inlaw Alliance.
En esta jornada, podremos conocer de una forma muy práctica las oportunidades de negocio e inversión en este país, y las fórmulas legales necesarias para ello.

PROGRAMA:

16, 15h.- Recepción de invitados. Café.
16, 30h.- Presentación. Perú, una economía en auge.- DIEGO CABEZUELA SANCHO, Socio Director de Círculo Legal.
16, 45h.- Fórmulas legales de inversión, fiscalidad y seguridad jurídica.- ALBERTO J. MONTEZUMA CHIRINOS, Socio Fundador de Montezuma Abogados y DANIEL FERNÁNDEZ DAVILA, Contador Público y Consejero de la Firma.
17, 30h.- Oportunidades de negocio e inversión en Perú.- Representante de la Oficina Comercial de la Embajada de Perú.
18, 00h.- Clausura.

 

Reserve su plaza enviando un email a: contacto@circulolegal.es
O haciendo click aquí

jornada invertir peru

 

Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú
Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú 2

Círculo Legal en colaboración con la Oficina Comercial de la Embajada de Perú en España, organiza la jornada "Cómo invertir con éxito en Perú.

Tipo de evento: Event

Actor: Person

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Jul
15
Inlaw Alliance
3 Formas de establecer una empresa extranjera en España
Publicaciones, Inversión Extranjera, Oportunidad de Negocio
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como establecer empresa extranjera espana

como establecer empresa extranjera espana

Formas de establecer una empresa extranjera en España y la oportunidad de negocio

Antes de entrar en el análisis de las principales modalidades para establecer una empresa extranjera en España, es necesario conocer  los puntos fuertes del país a nivel global, toda vez que estos brindan una amplia oportunidad de negocio a los inversores extranjeros. 

En armonía con lo dicho, cabe destacar la flexibilidad y adaptabilidad de los operadores económicos y la calidad de vida que ofrece el Estado español, así como las ayudas otorgadas a empresas extranjeras, tanto por la Administración Central como por determinadas Comunidades Autónomas, que decidan invertir en territorio español en forma de subvenciones, ventajas fiscales, acceso preferencial al crédito…entre otras.

De igual forma, otro factor de gran interés para los inversores extranjeros, aunque en este caso, solo para países pertenecientes a la Unión Europea que decidan establecerse en suelo hispano, es el principio de libre establecimiento y de no discriminación que rige en el país. Lo que conlleva que los inversores extranjeros comunitarios puedan ejercer cualquier actividad con las mismas condiciones que un inversor español.

Expuesto el marco general y de negocio establecido en el modelo español, conviene analizar las principales formas de establecer una empresa extranjera en España (3):

1.- Crear una sucursal:

Esta primera modalidad constituye la forma más usual. El Reglamento del Registro apunta en su artículo 295 noción de sucursal: “todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad.” 

De acuerdo con el ordenamiento jurídico español,  la constitución de una sucursal no supone la creación ex novo de una sociedad, ya que la misma no cuenta con personalidad jurídica propia, sino que es compartida con la sociedad matriz. Ello conlleva que la sucursal española dependerá de la matriz, y no contará con Órganos de Administración propios.

Para lograr la creación de este tipo de establecimiento es necesario superar determinados trámites  entre los que se encuentran: a)- La obtención de un certificado que demuestre que la sociedad matriz cumple la legislación en su país de origen, b)- el ingreso del capital social en una entidad bancaria, c) – la constitución de la sucursal ante notario, d)-la adquisición del NIF (Número de Identificación Fiscal), e)- el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y f).- la inscripción de la sucursal en el Registro Mercantil.

2.- Crear una oficina de representación:

Se trata de una opción menos frecuente a la hora de establecer una empresa extranjera en España. De manera sucinta, la oficina de representación puede ser definida como una estructura de implantación empresarial inferior a la sucursal. 

Por lo que se desprende de la definición dada, la oficina de representación no tiene personalidad jurídica propia. La misma es dirigida por un representante conferido con unos poderes, sin contar, por tanto, con un órgano de administración en España. 

Por ello, no es el mecanismo más idóneo para establecer una empresa extranjera en suelo español. 

3.- Crear una sociedad filial o subsidiaria:

La tercera forma de establecer una empresa extranjera en España es mediante la creación de una filial. Por filial ha de entenderse una sociedad española con personalidad jurídica propia constituida con capital extranjero. 

Los estatutos de la filial han de estar aprobados por la sociedad matriz y esta última debe estar constituida legítimamente en su país de origen. 

A su vez, es preceptivo para la constitución de la filial realizar el ingreso del capital social en una entidad bancaria española, firmar la escritura de constitución ante fedatario público (notario), obtener el Número de Identificación Fiscal provisional, liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la inscripción en el Registro Mercantil. Posteriormente, puede obtenerse el Código de Identificación Fiscal definitivo.

Además, la filial ha de estar provista de una denominación social autorizada por el Registro Mercantil Central para evitar que su nombre coincida con  alguna otra sociedad registrada anteriormente en el territorio español.

Como último paso administrativo a cumplir, será requisito sine qua non  registrar la filial en el Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía.

De lo expuesto se desprende, no solamente las atractivas oportunidades  de negocio y de apoyos de la Administración que encuentran en España los inversores extranjeros, sino también la amplia oferta de fórmulas societarias de establecimiento que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

 

Autor:  Círculo Legal

circulo legal abogados españa

 

Abr
5
Inlaw Alliance
5 cosas que debes saber para hacer negocios en el Perú
Publicaciones, Inversión Extranjera, Oportunidad de Negocio
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hacer negocios peru

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Referencia: Ley General de Sociedades, TUO SUNARP, TUO SUNAT, Tratados de Comercio e Integración

Primera Cuestión

Libertad económica

En Perú existe libertad para el ejercicio de la actividad económica con un papel subsidiario del Estado. Las únicas restricciones que existen son reguladas por la ley y por el orden público. En ese sentido la gama de actividades económicas ya sea en la investigación, desarrollo, producción, intermediación y comercialización de productos y servicios es muy variada.

 

Segunda Cuestión

Inversión extranjera

Perú es un país abierto a la inversión extranjera, como tal ha suscrito decenas de tratados bilaterales de comercio e inversión, e integra diversos bloques de integración económica como el MERCOSUR, la CAN, TPP CPTPP, entre otros.

 

Tercera Cuestión

Constitución de una empresa, registros y licencias

En caso se opte por hacer el negocio a través de una persona jurídica, se deberá optar por una razón social que dependerá del número y tipo de socios que conformen dicha persona jurídica, así como de la actividad económica escogida. El número mínimo de socios para constituir una sociedad es de dos socios, estos pueden ser extranjeros a quien deben contar con una autorización para suscribir contratos.   No existe una suma mínima para constituir una sociedad en el Perú, sin embargo es recomendable que esta deba tener un capital básico inicial de S/ 1000.00 que es equivalente a US$ 350.00. La constitución de la persona jurídica, así como otros actos relacionados con la persona jurídica regulados por la Ley General de Sociedades, deben inscribirse en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Asimismo, si el negocio se realiza en un establecimiento físico, dependiendo del giro de las actividades se deberá obtener una licencia de funcionamiento, ante la municipalidad (cabildo o ayuntamiento) donde se ubica el negocio, los requisitos específicos para la obtención de la licencia los proporcionan las municipalidades.

Sin perjuicio de lo anterior, para la producción y comercialización de algunos bienes y servicios como alimentos, bebidas alcohólicas, químicos, transportes entre otros, se requieren permisos especiales obtenidos en dependencias específicas de la administración pública.

 

Cuarta cuestión

Régimen tributario

Dependiendo del tipo de persona jurídica escogida, el valor de los ingresos y el valor de los activos del negocio se deberá elegir el régimen tributario. Si bien la presión tributaria en términos generales por parte del Estado no es muy fuerte, esto se debe principalmente a la informalidad, por lo que la presión tributaria sí es considerable cuando se trata de actividades y negocios formales.

 

Quinta cuestión

Contratación de personal

La legislación laboral contempla contratos de trabajo a plazo fijo e indeterminado, contratos temporales y por tipos de actividad. Asimismo, es posible la tercerización laboral a través de empresas intermediadoras.

Los derechos laborales contemplan protección ante el despido arbitrario, contra el hostigamiento laboral, pago de beneficios sociales, seguridad social y el derecho a la huelga y la creación de sindicatos.

 

Autor:  Montezuma Abogados

montezuma abogados peru

 

Jul
17
Inlaw Alliance
La extinción de dominio y la ausencia de un ilícito previo
Inversión Extranjera, Publicaciones
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Con mucha preocupación se observa actualmente en el ámbito penal, no solo nacional sino internacional, la aplicación de la extinción de dominio. Pero

¿Por qué motivos, la extinción de dominio ha creado incomodidades en el ámbito jurídico?

Sucede que en la práctica, se aplica de manera antojadiza y arbitral, de tal forma que ni los propios jueces poseen un criterio objetivo para procurar un juicio imparcial y pasan sobre los principios constitucionales que informan al proceso penal. No existe un criterio uniforme en ese sentido y es por ello que se incautan bienes por el solo hecho de existir una denuncia infundada por parte del Ministerio Público, y en el afán de justificar el trabajo de la fiscalía, procede el Juez a dictar sentencia sin tener la certeza de la comisión de un delito anterior.

Pero ¿qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio dice la doctrina, es el desapoderamiento de la propiedad de bienes muebles e inmuebles y el dominio sobre los mismos, detentadas por un particular, de origen ilícito o delictivo a favor del Estado. Sin embargo surge la pregunta: ¿la extinción de dominio existe aún cuando no haya una sentencia condenatoria que haga suponer la comisión de un delito previo?, ¿quién califica que los bienes incautados sean de origen ilícito?.

En Guatemala, se establece que la extinción del derecho de dominio se ejercerá por las normas contenidas en la Ley de Extinción de Dominio, independientemente de la acción y procedimientos penales que se hubieren iniciado o terminado, de tal manera que no será necesario el procesamiento penal, ni resolución definitiva o previa de los jueces que conozcan el caso penal. Por otra parte la misma Ley indica que la acción de extinción de dominio goza de autonomía al indicar que la misma es independiente de la persecución y responsabilidad penal.

Pero no bastando lo arbitraria que es la Ley de Extinción de Dominio, establece que todos los bienes, dinero, frutos, producto o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados en cualquier tiempo, se presume que provienen de actividades ilícitas o delictivas. ¿Es acaso ésta forma de legislar la más adecuada dentro de un Estado de Derecho?.

Como se puede observar, nos encontramos ante una aberración jurídica, toda vez que de lo expresado en los párrafos anteriores, se infiere que el sólo hecho de que a la Fiscalía General llegue una denuncia de alguien que sospechosamente ha incrementado su patrimonio o bien, empiece a llevar un estilo de vida no acorde a su nivel económico, puede iniciar la acción de extinción de dominio.

Ésta ley atenta en contra de los principios que informan el proceso penal como lo es el de inocencia ya que la sentencia es el único mecanismo por el cual el Estado puede declarar la culpabilidad de una persona, mientras ésta no se pronuncie en sentido afirmativo, la persona tiene jurídicamente el estado de inocencia.

Así mismo atenta contra el derecho de propiedad y el derecho a protegerla al indicar que por regla general, se presume que los bienes muebles o inmuebles, provienen de la comisión de ilícitos. En materia penal no puede presumirse la comisión de delitos y solo se acepta la presunción en cuanto a la presunción de inocencia.

Entonces, cuando la ley indica que no es necesario que exista un proceso penal porque la extinción de dominio es autónoma, y que no es necesario si fue condenada o no la persona, y que se presume que los bienes de la persona investigada son frutos de una actividad ilícita, nos encontramos ante una situación surrealista, puesto que no es posible que si una persona resulta absuelta por un ilícito penal, deba de alguna forma ser penalizada con sus bienes si no demuestra que los mismos provienen de una actividad lícita.

No es justo demás que la ley indique que se presume que los bienes adquiridos provengan de una actividad ilícita, cuando no existe una sentencia firme que condene a una persona por sus actividades previas a la extinción de dominio, puesto que si una persona ha trabajado toda su vida para hacer su patrimonio, cómo puede ser que tenga que demostrar la licitud de los mismos.

Por último no es posible ni resulta lógico que no exista un delito sancionado y que si exista prueba suficiente para aplicar la extinción de dominio y desapoderar de la propiedad a alguien.

Lo delicado es que ésta Ley, se basa en meras presunciones, lo cual atenta en contra de los principios que informan al derecho procesal penal como lo es que, en materia procesal penal, no existe cabida para la presunción y que sobre ésta premisa no es factible crear elementos de un delito, sin embargo para la Ley de  Extinción de Domino no es necesario que exista un delito previo para aplicar la norma. Es por ello que basta con solo una denuncia de contra de una persona que se crea que está involucrada en lavado de dinero o en cualquier otra actividad delictiva, para que la ley de extinción de dominio de aplique.

Como es posible que exista una extinción de dominio solo por meras presunciones? En donde queda la protección al derecho constitucional de propiedad privada?
En algunos casos en el foro guatemalteco se ha dado que se declara la inexistencia del delito de lavado de dinero a favor de una persona, sin embargo el juicio por extinción de domino subsiste. Es inaudito que si en un juicio independiente de la extinción de domino, se declara la inocencia de una persona, en el juicio de extinción de dominio se le condene a la misma persona a pagar con sus bienes.

 

CASO CONCRETO

Una persona sale del aeropuerto con una suma superior a diez mil dólares americanos, los cuales debía declarar a su salida. Sin embargo no lo hace y lo detienen por perjurio ya que declara en la boleta de salida que no lleva una cantidad superior a diez mil dólares, y por el delito de lavado de dinero puesto que no demuestra en esos instantes al procedencia lícita del dinero, por lo que se encuentra procesado por dichos delitos, al mismo tiempo que se inicia la extinción de dominio de los dólares incautados.

Se prueba la existencia lícita del dinero en juicio, por lo que el juez le da una falta de mérito por el delito de lavado de dinero, sin embargo lo liga a proceso por perjurio. Al mismo tiempo el Juez de Extinción de Dominio, que es un juicio aparte, procede a declarar la extinción de dominio del dinero incautado, toda vez que a su juicio no fue demostrada la procedencia lícita del dinero en mención.

Cómo es posible que habiéndose probado en el juicio que se lleva por lavado de dinero, que el dinero no es ilícito y que el procesado, lo había ganado trabajando legalmente en el país; el juez de extinción de dominio haya declarado que sí existían motivos racionales suficientes para declarar la extinción del dinero, cuando se le habían presentado las mismas pruebas que en el otro juicio, en donde quedo plenamente demostrada la lícitud de los dólares incautados.

Es por ello que se hace la presente crítica a la ley y al procedimiento para extinguir bienes en cualquier país que tenga establecida la misma. Es de tener criterio porque la ley no puede ser medio blanca o medio negra, la ley y la justicia deben imperar en un Estado de Derecho y no aplicarse al antojo de intereses ni estadísticas de los órganos jurisdiccionales, que son los encargados de aplicar la justicia bajo los principio de objetividad e imparcialidad.

 

Autor:  Calderón – Monge Estudio Jurídico
Calderon Monge Estudio Juridico

Jul
17
Inlaw Alliance
FATCA: Cooperación tributaria internacional
Inversión Extranjera, Publicaciones
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Mediante la Comunicación “A” 5588 el Banco Central de la República Argentina incorporó en sus textos ordenados los procedimientos por los cuales las entidades financieras deberán identificar a sus clientes alcanzados por las disposiciones de la Ley FATCA y por el Estándar de la OCDE.

La ley FATCA, inserta en una norma de promoción del empleo de EEUU del 2010, introduce obligaciones a las instituciones financieras extranjeras -incluyendo empresas fachadas y otros trust – de recolectar y reportar un conjunto de información sobre sus clientes estadounidenses, sean personas naturales o jurídicas, que tengan más de 50 mil dólares en activos financieros. Dicha información deberá ser remitida al IRS.

El incumplimiento de estas obligaciones, originaría como penalidad, la retención por parte del IRS de un porcentaje de los intereses, dividendos, u otros pagos hechos por las instituciones financieras a los inversionistas. Asimismo, las instituciones financieras involucradas asumirían penalidades, siendo además objeto de seguimiento especial por la IRS. Estas disposiciones se encuentran vigentes desde el mes de enero de este año.

En el marco de la cooperación en materia tributaria internacional, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) emitió la Comunicación “A” 5588 sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas”, “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita universal y especiales”, “Depósitos e inversiones a plazo” y “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria” con el fin de exigir a las entidades financieras que arbitren las medidas necesarias para identificar a los titulares de cuentas alcanzados por las disposiciones de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) de los Estados Unidos y por el Estándar de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales.

Concretamente, las entidades financieras deberán incluir en los legajos de sus clientes que resulten alcanzados la siguiente información:

  1. En el caso de personas físicas (abarcando también aquellas que controlen entidades no financieras del país comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente documentación respaldatoria.
  2. En el caso de personas jurídicas y otros entes, el país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación fiscal en ese país.

Asimismo, se aclara que los alcances y las definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, así como los procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los términos del documento “Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information – Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE.

La Comunicación reafirma que las entidades financieras deberán cumplir con los resguardos de secreto bancario a que se refieren el artículo 39 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, y sus modificatorias, y el artículo 5, ap. 2, inc. e) de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, y sus modificatorias.

Finalmente, la Comunicación establece que toda la información sobre los clientes alcanzados deberá ser presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo con el régimen que esa Administración establezca.

 

Autor:  Martínez, Solana & Subotiak Abogadas
Martínez, Solana & Subotiak Abogadas

Jul
17
Inlaw Alliance
Life and Death in the Amazon
Inversión Extranjera, Publicaciones
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Row upon row of white square houses with green metal roofing line the Aguarico River in the model village of Playas del Cuyabeno, inaugurated by president Rafael Correa this week. The clean, geometric new settlement groups together some 400 Quichua people whose families formerly lived spread out among small Amazon farms, providing them with new housing, including plumbing, free appliances and computers, Internet, and a modern school and athletic facilities. For the government, this first of many “Millennium Communities” showcases the benefits that exploiting Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), an oil field inside a rainforest national park, will provide. “Playas de Cuyabeno is the proof that things can be done differently, through responsible oil extraction,” thanks to oil royalties for local communities, Correa said. As Ecuadorians try to decide whether development of ITT outweighs the risks of polluting one of the world’s greatest concentrations of plant and animal life, the question of how to bridge the disadvantages in development indigenous communities suffer, too, becomes relevant to the debate. The administration’s track record with indigenous organizations remains conflictive. The weakest communities, those rainforest tribes tenuously clinging to their stone-age way of life, risk imminent extinction, despite constitutional protection on paper.

Playas de Cuyabeno bears an uncanny resemblance to German colonial towns in Togo of the late 19th century (see photos), summarized under the positivist motto of “order and progress” from the same period. A Prussian colonel of the time would feel at home behind the giant Ecuadorean flag and the architecture that appears to mimic a military base, or a mining camp. The houses mimic traditional bamboo huts, with living quarters elevated to the upper floor, however, made in cement that might well prove sweltering in the barren village, bereft of shade. Critics note the use of non-native cement however and the removal of Quichua from their traditional, dispersed way of life, much like in the colonial Spanish forced settlements called “Repúblicas de Indios.” This could make it easier for oil companies to work in the forest unencumbered by bothersome indigenous protests. Some negotiation, however, did go ahead while the state-owned company Ecuador Estratégico was building the village; a minority of the community stayed on closer to their farm plots. Unsurprisingly, according to its Web site, Ecuador Estratégico failed to carry out a tender for the $20 million project, which also includes paving, protective walls to protect the village from high water, and ramps for the residents’ canoes, their main mode of transport. Playas de Cuyabeno is five hours downstream from Lago Agrio, the principal oil town in the Sucumbíos province.

Instead, they view agriculture as an industry that concentrates wealth and abuses the rights of small native communities. At the same time, some bio-farmers complain that the government is supporting the use of genetically modified plants – even officials who previously were against it.

The improvements in services and sanitation will make a difference in the lives of the residents. Expanding the “Millennium Communities” forms part of a strategy to give people the impression that mining and oil production will provide them with real benefits. Ensuring people stay in more tightly limited communities can help slow the expansion of agriculture in sensitive forests, and keep people from living in the proximity to unhealthy oil production, avoiding the spiral of skin diseases and cancer rates that have hit some communities further west. It also makes some economic sense, as it becomes cheaper to provide rural communities with running water and electricity, but also schooling if they live more concentrated.

Joffre Poma, mayor of Lago Agrio and a member of Correa’s political vehicle, during the ITT debate in Congress this week said that “surely there will be contrarian voices saying that how can a child that previously went barefoot now have Internet.” While par for the course, this comment accurately reflects the government view of alternatives that, to its chagrin, exist in Ecuador and condition the debate on the development of poor and/or indigenous communities. Resistance to oil production has much to do with the understanding by Quichua, Waorani, and other peoples that resource extraction has largely benefitted elites in the capital, seen, particularly in the case of people who still live partially or entirely as rainforest warriors, as just as alien as foreigners with non-Ecuadorian passports. Instead, they have suffered the negative impact, a destruction of their environment and traditional way of life.

Other communities have independently succeeded in getting electricity and running water, like the 1,200-person Quichua village of Sarayacu in Pastaza, which won a landmark case against the Ecuadorian state before the Inter-American Court of Human Rights last year for having been put under martial law as the government of Lucio Gutiérrez attempted to impose oil development on its lands. In stark contrast with Playas de Cuyabeno, it has maintained largely traditional architecture, with large, oval, and airy palm-thatched homesteads linked by footpaths under the shade of giant tropical trees. Solar panels provide power, much as they do in tiny Súraka, a Sápara community even deeper in the forest further east. There, two dozen car batteries provide backup for the six laptops on which the six-family community have access to the World Wide Web. Elsewhere in Ecuador, many other models of organization exist that provide alternatives to the development espoused by the government, which, contrary to its claims, makes communities dependent on handouts of free services. The this populist model fails to provide the biggest shortcoming of the communities, in which Playas de Cuyabeno, Sarayacu, and Súraka all have similarities: jobs that can pay for some of the goods and services their residents do need, such as expensive outboard motors and, potentially, health care. In the case of the latter communities, domestic and foreign non-governmental organizations have provided technical assistance and funding. The Osnabrück zoo supports Sarayacu with some $15,000 a year to help them switch to poultry and fish production in exchange for protection of the lowland tapir, South America’s biggest herbivore. This disgusts the administration, whose leader rails against the twin threats of transnational imperialism and “NGO-ism.” While some have issues, projects like Sarayacu show development options of their own. Additionally, NGO and religious influence serve to counter the rampant commercialism visible in Lago Agrio, Coca, Puyo, or other cement-riddled jungle towns that epitomize the problems of Amazon development.

The issue of protection becomes most urgent among those communities that have most recently become “contacted” by mainstream society and those who still tenuously remain outside, hidden in the forest. In their controversial book, Una tragedia ocultada (A Tragedy Hidden Away), Catholic missionary Miguel Ángel Cabodevilla and journalist Milagros Aguirre showcase the Ecuadorian state’s failure to protect people who essentially remain wards of the state. With their independent investigation, Cabodevilla and Aguirre reveal details of a rainforest massacre among these people that have had a little echo, thanks in large part to foot-dragging and lack of comment by officials in the judiciary and local government that, with the benefit of hindsight, looks like a cynical attempt at keeping things quiet.

Article 57 of Ecuador’s 2008 Constitution provides special protection for “uncontacted” people, identified as the Tagaeri, a breakaway group of Waorani who returned to live in the forest, and the much more distantly related Taromenani. The text considers any breach of this “ethnocide” or “genocide,” with updated laws setting six to 16-year jail terms for different crimes identified with infringement of their rights. But this remains on paper. According to Cabodevilla, the Tagaeri may well no longer exist, while the Taromenane six months ago suffered their second massacre in a decade and, too, now may well be on the brink of extinction. In public statements, authorities continue to debate whether it actually happened. But the book carefully describes evidence of the massacre, including, most damningly, photographs taken by one of the Waorani who participated in the killing of men, women, and children done to avenge the murder of Ompore, one of their own, and of Buganey, one of his wives, in March. The authors show how Ompore practically on his own bore the brunt of desperation suffered by the encroached Taromenane, while a plethora of incompetent officials failed to understand what is going on in a handful of remote communities. And two little girls kidnapped in the raid on the Taromenane continue in the hands of their captors.

Meanwhile, the Congress this week voted to develop the ITT field, where, until mid-August, officials said the heartland of the Tagaeri and Taromenane lay. Now less certain after Correa asked them to approve oil production there, the legislators left themselves a backdoor to show their sensitivity to the issue.

“In the case of sightings of uncontacted people, not only is exploration suspended, also all protocols, measures, and codes of conduct that have been established for the life and culture of the people must be adopted,” said legislator Virgilio Hernández. Conservative legislator Patricio Donoso said that considering the realities of multi-billion-dollar investments and major industrial activities tied to oil development, these promises are ridiculously impractical. Outside, several dozen protesters called the 108 pro-Correa legislators who approved the ITT development “murderers.”

Analytica Investment’s Ecuador Weekly Report

Autor:  Santillán Abogados
Santillán Abogados

Jul
17
Inlaw Alliance
Recomendaciones legales para invertir en Guatemala
Inversión Extranjera, Publicaciones
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Guatemala se caracteriza por poseer un mercado pujante en diferentes ámbitos comerciales, banca, textiles, turismo, etc, logrando con esto, que capitales extranjeros se sientan atraídos a invertir en el país. Sin embargo, se hace necesario indicar algunas cuestiones legales a tomar en consideración, a la hora de invertir en Guatemala.

CREACION DE UNA SOCIEDAD, EMPRESA INDIVIDUAL O SUCURSAL. Dependiendo de los beneficios, intereses o necesidades que el cliente solicite, deberá analizarse si es mejor crear una sociedad anónima para operar en el país o registrar una sucursal o por el contrario solamente crear una empresa individual.

RESIDENCIAS TEMPORALES MIGRATORIAS. Es posible que el cliente, para empezar a operar en el país, necesite recurso humano extranjero, bien sea para adiestrar o motivar al personal guatemalteco, o bien para desarrollar proyectos especiales o ejercer un trabajo que necesite cierta especialización. Si fuera el caso, es necesario, solicitar ante la Dirección General de Migración, la residencia temporal, la cual es otorgada por dos años para residir en Guatemala.

PERMISO DE TRABAJO. Si la empresa va a contar con trabajadores extranjeros, es necesario obtener un permiso de trabajo especial ante el Ministerio de Trabajo.

INSCRIPCION DE LA EMPRESA ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. Una de las obligaciones de la empresa, es inscribirse en el Ministerio de Trabajo, por lo que se debe registrar el libro de salarios, el reglamento interior de trabajo y los contratos de trabajo.

INSCRIPCION ANTE EL SEGURO SOCIAL. Cuando la empresa tiene más de dos trabajadores, debe inscribirse ante el Seguro Social.


English Translation: Legal Recommendations to Invest in Guatemala

Guatemala is characterized by a strong market in different business areas, banking, textiles, tourism, etc, achieving with this, foreign capital attracted to invest in the country. However, it makes necessary to indicate some issues legal to take in consideration, at the time of investing in Guatemala.

CREATION OF A COMPANY, BRANCH OR INDIVIDUAL COMPANY. Depending on the benefits, interests or needs that the client requests, must be analyzed if it is better to create a Company to operate in the country, register a branch office or create an individual Company.

MIGRATION TEMPORARY RESIDENCES. If the company needs to hire foreign workers, either to train national workers, to develop special projects or exercise a task that requires some expertise, it is necessary to request to Immigration Office, a temporary residence, which is awarded for two years to reside in Guatemala.

WORK PERMIT. If the company will rely on foreign workers, it is necessary to obtain a permit for special work with the Ministry of Labour.

REGISTRATION OF THE COMPANY TO THE MINISTRY OF WORK. One of the obligations of the company is to register in the Ministry of labour, so the book of wages, the internal work regulations, and work contracts must be registered.

REGISTRATION WITH SOCIAL SECURITY. When the company has more than three workers, you must register with Social Security


Italiana Traduzione:

Guatemala è caratterizzato da un forte mercato in diverse aree di business, bancario, tessile, turismo, ecc., ottenendo con ciò, capitali esteri attratti ad per investire nel paese. Tuttavia, si rende necessario indicare alcuni problemi legali di prendere in considerazione, al momento di investire in Guatemala.

ASSOCIAZIONE, IMPRESA INDIVIDUALE O RAMO. In base ai vantaggi, interessi o necessità che il cliente richiede, deve essere testato se è meglio creare una società per operare nel paese o registrare una filiale o al contrario solo creare una impresa individuale.

RESIDENZE TEMPORANEE DI MIGRAZIONE. È possibile che il cliente, per iniziare la sua attività nel paese, bisogno di risorse umane straniere, per treno o motivare il personale guatemalteco, o per sviluppare progetti speciali o esercitare un lavoro che richiede determinate specializzazione. Se all’esterno della cassa, è necessario, richiesta prima la direzione generale dell’immigrazione, la residenza temporanea, che viene concesso da due anni a risiedere in Guatemala.

PERMESSO DI LAVORO. Se l’azienda si affida a lavoratori stranieri, è necessario procurarsi un permesso di lavoro speciale con il Ministero del lavoro.

REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA CON IL MINISTERO DEL LAVORO. Delle obbligazioni della società, è segno è nel Ministero del lavoro, da ciò che è necessario registrare il libro dei salari, il regolamento all’interno del lavoro e loro contratti di lavoro.

REGISTRAZIONE CON SICUREZZA SOCIALE. Quando la società ha più di tre lavoratori, è necessario registrare con sicurezza sociale.

Autor:  Calderón – Monge Estudio Jurídico
Calderon Monge Estudio Juridico