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Nov
22
Inlaw Alliance
Los principales tipos de sociedades en Argentina
Publicaciones, Derecho Comercial, Inversión Extranjera
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tipos sociedades argentina

tipos sociedades argentina

Una sociedad comercial existe cuando una o más personas (originalmente las sociedades debían contar con un mínimo de dos socios, pero esto se modificó con la implementación de la Sociedad Anónima Unipersonal y de la Sociedad por Acciones Simplificada) en forma organizada, conforme a los tipos previstos por ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas.

A los fines de limitar la responsabilidad y salvaguardar el patrimonio, es posible adoptar alguno de los tipos de sociedades previstos en la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales.

Para que una sociedad se encuentre debidamente constituida, es necesario inscribirla en el Registro Público de Comercio correspondiente a su zona de actividad.

La Ley de Sociedades prevé varios tipos distintos de sociedades, cada uno con sus características particulares, sin embargo, los tipos más utilizados en la práctica argentina son la Sociedad Anónima (S.A.), la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), y la recientemente implementada Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.).

Para los extranjeros, hay diferentes tipos de empresas que se pueden formar. Cada una ligeramente diferente.

 

1. Sociedad Anónima (SA)

– Requisitos principales:

  • Consejo de Administración en el que la mayoría reside en Argentina.
  • Celebrar una asamblea anual de accionistas (para evaluar la situación financiera de la empresa).
  • Capital mínimo de inversión de $ 100,000 ARS (U$D1500 Aprox.). Podrá suscribirse al menos el 25% del mismo al momento de la constitución de la sociedad, debiendo suscribir el capital restante dentro de los dos años siguientes.
  • El capital está dividido en acciones, de las cuales podrá elegirse distintos tipos, pero que serán de libre transmisión.

Ventajas:

  • Se le permite negociar acciones en el mercado de valores Beneficios financieros – los bancos tienen más probabilidades de emitir créditos (opuestos a un S.R.L).
  • Comercio flexible de acciones de la empresa.
  • No hay límite en el número de accionistas.

 Desventajas:

  • No se puede controlar quién entra y sale de la empresa.
  • Carga financiera en forma de altas tasas impositivas.
  • Costes altos de administración.
  • Los estatutos deben ser públicos.

 

2. Sociedad de Responsabilidad Limitada Argentina (S.R.L.)

– Requisitos:

  • Mínimo de 2 accionistas y un máximo de 50.
  • Sin requisitos de capital mínimo.

Ventajas:

  • No hay límite en el número de personas en la administración.
  • No hay capital mínimo para comenzar la empresa, .
  • Usted no tiene que ser un socio para estar en el consejo de administración.
  • Los accionistas tienen protección frente a la responsabilidad.
  • La empresa puede ser formada por instrumentos públicos o privados.

 Desventajas:

  • Sistema rígido y complejo para cambiar la propiedad del capital.
  • Obligaciones de declaración de impuestos.
  • No puede participar en el mercado de valores.

 

3. Sociedad de Acciones Simplificadas de Argentina (S.A.S.)

Formación de Empresa Argentina

Los socios determinan la estructura organizativa de la empresa.

– Requisitos:

  • El capital consistirá en acciones.
  • La inversión de capital debe ser 2x el salario mínimo argentino (el salario mínimo actual es aproximadamente UD$270).

Ventajas:

  • El tiempo de formación es significativamente menor que un S.A o un S.R.L.
  • Fácil y rentable de constituir.
  • Los socios determinan la estructura organizativa de la empresa.
  • Obligaciones de declaración limitada.
  • Aprobado en 24 horas.

 Desventajas:

  • Las acciones no pueden negociarse en el mercado de valores.

El tipo de entidad legal que elija establecer en Argentina dependerá en gran medida del tipo de negocio que planea ejecutar, de la estructura interna de su negocio, entre otros. Antes de formar una empresa en Argentina, hable con expertos locales que pueden aconsejarle no sólo sobre tipos de entidades legales sino también sobre una estrategia de entrada en el mercado para asegurar el éxito del negocio.

Si bien las complejidades gubernamentales y normativas todavía pueden causar problemas a las personas y empresas que desean entrar en el mercado, ha habido un cambio hacia un proceso más simplificado, además de la apertura de la economía a los extranjeros. Es un buen momento para mirar hacia Argentina y estamos para asistirlo en su inversión extranjera en todos los aspectos relativos a la misma en Argentina, desde la entrada en el mercado, la formación de la compañía hasta la asistencia contable y legal.

 

Autor:  Martínez, Solana & Oriolo Abogados

MSO Abogados Argentina

Nov
15
Inlaw Alliance
Establecimiento de una sociedad extranjera en Argentina
Publicaciones, Derecho Comercial, Inversión Extranjera
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sociedad extranjera argentina

sociedad extranjera argentina

A la hora de establecer una sociedad extranjera en Argentina se deben tener en cuenta qué tipo sociedad comercial va a desarrollarse.

Las sociedades extranjeras pueden operar en el país ya sea a través de la inscripción en el Registro Público de Comercio (el «RPC»), de una sucursal o una filial.

Las filiales se crean mediante la constitución de una sociedad comercial. Los tipos más comunes son la Sociedad Anónima («SA»), la Sociedad de Responsabilidad Limitada («SRL») y la Sociedad de Acciones Simplificadas (“SAS”).

Tanto la sucursal como la filial están sujetas a un mismo régimen fiscal.

Asimismo es importante contar con la información acerca de cómo se distribuyen dividendos y se repatria el capital a casa matriz.

Sociedades extranjeras en Argentina

1. Sucursal

En Argentina, la Ley de Sociedades Comerciales («LSC») considera a una sucursal (la «Sucursal») como una descentralización de la casa matriz de la compañía (la «Casa Matriz» o la «Sociedad»). La Sucursal es regida por las leyes del país de origen de su Casa Matriz y por consiguiente está autorizada a realizar todos los actos que le estén permitidos a su Casa Matriz. Como resultado de la relación establecida entre la Casa Matriz y la Sucursal, la primera es responsable indirecta de las operaciones realizadas por la Sucursal. 

Si bien la Sucursal no tiene limitaciones para poseer activos propios, no está obligada a tener un capital social determinado. No obstante, debe llevar su contabilidad separada de la Casa Matriz y presentar sus Estados Contables anualmente ante Registro Público de Comercio (“RPC”). 

Las operaciones de la Sucursal no generan mucho control administrativo, toda vez que no deben llevarse a cabo reuniones de socios, accionistas o directorio, así como tampoco es necesario llevar un registro de actas. Sin embargo, la Sucursal debe cumplir con algunos recaudos administrativos, como ser su inscripción en el RPC y ante los organismos previsionales y autoridades fiscales. 

Asimismo, anualmente y junto con la presentación de los Estados Contables, la Sucursal debe informar al RPC cualquier cambio que pueda ocurrir  en su Casa Matriz. 

2. Filial.

Una filial es una entidad separada, independiente de la Casa Matriz (la «Filial»). Tiene sus propios deberes y obligaciones, un capital social propio y determinado, y su propio cuerpo administrativo y directivo.

 La Filial responde ante terceros con sus propios activos, y por ende, en principio, la Casa Matriz no es responsable de las operaciones llevadas a cabo por la Filial. Sin embargo, este escudo ha sido recientemente cuestionado por algunos tribunales locales. 

Para poder constituir una Filial, una sociedad extranjera debe previamente registrarse en Argentina en los términos del artículo 123 de la LSC, esto es al sólo efecto de participar como accionista o socio en una sociedad local, sin importar si esta última es una SA o una SRL. 

Por último, de no contar con los tiempos necesarios para la registración de los accionistas de la sociedad pueden inscribirse otros accionistas de modo provisorio, quienes, una vez inscripta la sociedad extranjera en el RPC en los términos del art. 123 LSC, transferirían las acciones a las mismas.

El tipo de entidad legal que elija establecer en Argentina dependerá en gran medida del tipo de negocio que planea ejecutar, de la estructura interna de su negocio, entre otros. Antes de formar una empresa en Argentina, hable con expertos locales que pueden aconsejarle no sólo sobre tipos de entidades legales sino también sobre una estrategia de entrada en el mercado para asegurar el éxito del negocio.

Si bien las complejidades gubernamentales y normativas todavía pueden causar problemas a las personas y empresas que desean entrar en el mercado, ha habido un cambio hacia un proceso más simplificado, además de la apertura de la economía a los extranjeros. Es un buen momento para mirar hacia Argentina y estamos para asistirlo en su inversión extranjera en todos los aspectos relativos a la misma en Argentina, desde la entrada en el mercado, la formación de la compañía hasta la asistencia contable y legal. 

Autor:  Martínez, Solana & Oriolo Abogados

MSO Abogados Argentina

Oct
17
Inlaw Alliance
El arbitraje en España
Publicaciones, Inversión Extranjera, Oportunidad de Negocio
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arbitraje en espana

 

arbitraje en espana

Resolución de conflictos alternativo

El arbitraje es un medio de resolución de conflictos alternativo y equivalente a la jurisdicción de los tribunales estatales. En España el arbitraje, como norma general, cumple con todas las exigencias de la tutela efectiva y, por tanto, es una institución fiable. Con la ventaja añadida de que soluciona las controversias en un plazo inferior al del orden jurisdiccional y que el árbitro u árbitros que lo dirigen son expertos y especialistas en las distintas materias sobre las que se puede predicar el uso de este instrumento. 

Es por eso que trata de una institución en auge, tal y como se desprende del número de arbitrajes que se han desarrollado en nuestro país en los últimos años.

La consideración y reconocimiento de este medio de resolución de conflictos también se ha visto favorecida por la Ley de Arbitraje de 2003 y su posterior reforma a través de la Ley 11/2011, las cuales tienen como fin último impulsar los medios alternativos de solución de conflictos, en especial el arbitraje, logrando su formulación unitaria.

No obstante, y pese al aumento del reconocimiento de este medio no puede obviarse que el arbitraje no puede solventar todas las situaciones. Quedando fuera aquellas controversias en las que por ejemplo se resuelvan conflictos laborales o bien, sobre las que ya exista una resolución judicial firme. Comprendiendo solo a los asuntos en los que se pretenda solventar litigios de libre disposición.

Por lo tanto, el arbitraje es un método de resolución de conflictos que queda limitado a ciertas disyuntivas en las que las partes implicadas tienen disponibilidad sobre la materia y están de acuerdo en someter, de forma expresa, su controversia al laudo dictado por uno o varios árbitros. 

Y pese a que, en comparación con los tribunales, tiene un mayor costo económico, es el método más empleado para dilucidar las divergencias o complicaciones que surgen en las relaciones comerciales. No solo por su brevedad, sino porque además las partes tienen la posibilidad de fijar las pautas, el idioma y/o términos en los que habrá de realizarse.

Es por así decirlo un sistema a la carta. Que puede convenir o no según la dificultad o complejidad de la controversia a solventar, la capacidad económica de las partes, sus pretensiones y necesidades. Por ello, antes de firmar un acuerdo comercial con una cláusula con sumisión expresa a Arbitraje es importante solicitar asesoramiento legal para determinar si se ajusta a nuestros intereses o si bien dadas las características de las posibles controversias convendría someter cualquier litigio a la jurisdicción de los tribunales del lugar donde nos encontremos.

 

Autor:  Círculo Legal

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Oct
8
Inlaw Alliance
Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú
Publicaciones, Inversión Extranjera, Oportunidad de Negocio
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Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú 1

Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú

Jornada: Cómo invertir con éxito en Perú

Perú, un país de oportunidades

 
FECHA: 9 de OCTUBRE de 2019 HORA: 16.15h
LUGAR: Círculo Legal. C/Príncipe de Vergara 204 Dupdo 4ª. 28002 Madrid

Círculo Legal en colaboración con la Oficina Comercial de la Embajada de Perú en España, organiza la jornada «Cómo invertir con éxito en Perú».
Contaremos con la intervención, mediante videoconferencia, del Despacho de Abogados de Lima, Montezuma Abogados, miembro junto con Círculo Legal de Inlaw Alliance.
En esta jornada, podremos conocer de una forma muy práctica las oportunidades de negocio e inversión en este país, y las fórmulas legales necesarias para ello.

PROGRAMA:

16, 15h.- Recepción de invitados. Café.
16, 30h.- Presentación. Perú, una economía en auge.- DIEGO CABEZUELA SANCHO, Socio Director de Círculo Legal.
16, 45h.- Fórmulas legales de inversión, fiscalidad y seguridad jurídica.- ALBERTO J. MONTEZUMA CHIRINOS, Socio Fundador de Montezuma Abogados y DANIEL FERNÁNDEZ DAVILA, Contador Público y Consejero de la Firma.
17, 30h.- Oportunidades de negocio e inversión en Perú.- Representante de la Oficina Comercial de la Embajada de Perú.
18, 00h.- Clausura.

 

Reserve su plaza enviando un email a: contacto@circulolegal.es
O haciendo click aquí

jornada invertir peru

 

Sep
16
Inlaw Alliance
Uruguay: Ley de Promoción de Emprendimientos
Publicaciones, Derecho Comercial, Oportunidad de Negocio
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ley promocion emprendimientos uruguay

ley promocion emprendimientos uruguay

La Ley de Promoción de Emprendimientos, sancionada por el parlamento el pasado 11 de septiembre de 2019 pero aún no promulgada por el Poder Ejecutivo, se constituye en un logro significativo del ecosistema emprendedor.

La Ley consta de 54 artículos y tiene una división clara en tres fragmentos: a) establecimiento de lineamientos y directrices de la promoción del emprendedurismo como política pública; b) regulación de un nuevo tipo de sociedad comercial denominada sociedad anónima simplificada (SAS) a la que se dedica la mayor parte del cuerpo normativo; c) reforma a la Ley de Mercado de Valores (Ley N° 18.627) con la introducción del sistema de financiamiento colectivo, conocido como crowdfunding.

Esta norma legislativa también deja muchos aspectos librados a las normas regulatorias que se dictarán próximamente, sin perjuicio de que, adicionalmente, la implementación de muchos aspectos en ella recogidos requieren el desarrollo y disponibilidad de medios técnicos aún no existentes para su efectiva ejecución. 

La primera gran ventaja que tiene la ley uruguaya es que no da una definición de emprendimiento o de emprendedor, lo que resulta beneficioso comparativamente respecto de otras leyes, por ejemplo, la ley argentina. Esto es una bondad de la ley, en tanto al no definir, no limita quién puede acceder a los beneficios en ella establecidos. 

1. Política pública de fomento del emprendedurismo

La Ley declara de interés nacional el fomento de los emprendimientos a través de la consolidación del ecosistema emprendedor del país, el desarrollo y la difusión de la cultura emprendedora, y la promoción y el desarrollo de los emprendimientos y emprendedores. 

Con este faro guía se establecen las directrices que el Estado uruguayo promueve entre las que se destacan: a) fomentar los emprendimientos que incluya los marcos institucionales para la definición de políticas y el diseño de programas e instrumentos; b) motivar la proactividad personal y grupal, el espíritu emprendedor y el desarrollo de una cultura emprendedora, con formación de individuos autónomos, solidarios, con disposición al trabajo colaborativo e interesados en la innovación, la creatividad y la identificación de nuevos desafíos; c) remover de obstáculos y restricciones; d) facilitar el escalamiento de los emprendimientos y su internacionalización, incluyendo acceso al financiamiento. 

Dentro del marco institucional, la Ley incluye o amplía puntos dentro de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (N° 19.472); se describe el Plan Nacional de Emprendimientos como un capítulo específico dentro del Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad; se consagra la marca Uruguay Emprendedor y el Día Nacional de la Cultura Emprendedora (tercer jueves de noviembre de cada año) con cometidos específicos de los Ministerios y de las Intendencias para ese día.

2. Nuevo tipo de sociedad comercial: las sociedades anónimas simplificadas (SAS)

Uno de los puntos que tradicionalmente se han señalado como críticos para el emprendedurismo uruguayo es el acceso a la estructuración jurídica adecuada para el desarrollo del emprendimiento en concreto. El entramado de estructuras existentes demuestra que estas carecen de la flexibilidad y agilidad que actualmente se demanda.

En este contexto, el ordenamiento uruguayo adopta, en lo que consideró oportuno, la Ley Modelo de Sociedades Anónimas Simplificadas, aprobada por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el espíritu de flexibilizar y adecuar a las dimensiones respectivas de los emprendimientos. 

La Ley dedica 40 artículos a esta figura, por lo que en esta primera aproximación destacaremos lo que a nuestro criterio resulta novedoso, más relevante y redunda en un verdadero beneficio para el ecosistema. Muchas de las disposiciones necesitarán reglamentación por lo que habrá más novedades en los próximos días.

  • Se reconoce un amplio alcance a la autonomía de la voluntad: por una parte, se reconoce a los particulares amplia facultad para determinar aspectos variados, por ejemplo, la protección de minorías; por otra parte, la formación del estatuto tendrá que contemplar puntos de forma más consciente dado que la aplicación supletoria del marco general puede no ser adecuado a la nueva estructura. 
  • No están sujeta a control por el órgano estatal, la Auditoría Interna de la Nación (AIN), salvo que tengan ingresos anuales superiores a USD 4.380.000 aproximadamente (teniendo en cuenta las cotizaciones actuales de la unidad indexada y del dólar estadounidense).
  • Puede constituirse por una o más personas físicas o jurídicas (menos sociedades anónimas).
  • Tecnología: Se prevé la constitución por instrumentos digitales y el establecimiento de procedimientos para que todo el proceso de constitución se tramite de forma digital. También se prevé expresamente la convocatoria, realización y deliberación de las asambleas mediante mecanismos digitales. 
  • Las acciones son nominativas o escriturales, no se prevé la existencia de acciones al portador. 
  • Se pueden prever montos mínimos y máximos de capital social que podrán ser controlados por uno o más accionistas.  
  • Transformación: se pueden transformar en SAS otros tipos sociales, salvo las sociedades que cotizan en bolsa, las sociedades constituidas por personas públicas, y las SA constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley. Se regula expresamente la conversión de empresas unipersonales (que no constituyen personas jurídicas diferentes a la persona física que es su titular) en SAS, con determinados beneficios. Esto es un punto relevante dado que a nivel nacional los emprendimientos se suelen canalizar mediante este mecanismo, ya que permite a bajo costo comenzar a operar de forma rápida, sin embargo, tiene muchas limitaciones. En este sentido se establece: 
    • Una suerte de continuidad de la empresa ahora bajo la forma de SAS
    • La exoneración de tributos
    • La exoneración de cumplir con la normativa nacional en materia de compraventa de casas de comercio, única forma posible para una empresa unipersonal poder transferir el emprendimiento a otra estructura. 
  • Para la resolución de conflictos societarios se prevé expresamente la posibilidad de acceder al arbitraje, siempre que este se haya previsto en el Estatuto.

Entendemos que esta nueva estructura social, más flexible y que otorga espacios de autonomía de la voluntad más amplios, permitirá el desarrollo de emprendimientos mediante una estructuración que permita recibir financiamiento privado sin perder el control del emprendimiento por parte de sus fundadores, y constituirá también, una nueva forma de inversión para quienes deseen apoyar iniciativas nacionales.

3. Sistema de Financiamiento Colectivo o Crowdfunding

Conjuntamente con el acceso a la estructura jurídica para encaminar el emprendimiento, el ecosistema emprendedor uruguayo tiene otra fuerte preocupación: el acceso al financiamiento

Hoy en día los emprendedores uruguayos acceden a capitales proporcionados por entes estatales en forma de capitales semilla, pero la legislación interna en materia de mercado de valores les ponía en desventaja con emprendedores de otras partes del mundo, al dificultarles el acceso a la captación de fondos privados. La regulación del mercado de valores no permitía la flexibilidad necesaria para hacerlo, además, este resulta excesivamente oneroso.

Si bien la Ley modifica la normativa del mercado de valores para hacer esto posible, su implementación está sujeta a regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros, por lo que deberá aguardarse a que se emita esta reglamentación para proceder a los registros pertinentes. 

Aparece un nuevo canal: las plataformas de financiación colectiva. Estas nuevas disposiciones permitirán el establecimiento de plataformas en Uruguay y la emisión de valores localmente. Las administradoras de plataformas oficiarán como representante de los tenedores, como agente de pago y como entidad registrante de los valores. Los requisitos para obtener la autorización e integrarse al registro respectivo tanto para administradoras como para emisores serán establecidos por la reglamentación. 

Esta modalidad está reservada para emisiones de monto reducido (a determinar por la reglamentación) y para pequeños inversores por montos máximos de inversión (a determinar por la reglamentación). 

Al dejar muchos aspectos librados a la reglamentación se abre un abanico grande de posibilidades en este campo. Sin lugar a dudas, este ámbito se constituye en una oportunidad de inversión tanto desde la perspectiva tecnológica (implementación de plataformas, tokenización, etc) como en los emprendimientos en concreto.

Autor:  Supervielle – de Cores Abogados

Uruguay: Ley de Promoción de Emprendimientos 2

Sep
11
Inlaw Alliance
El arbitraje, el comodín en el protocolo familiar
Publicaciones, Derecho de Familia, Derecho Penal
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arbitraje comodin protocolo familiar

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Familia, Empresa y Propiedad

Los sistemas de Familia, Empresa y Propiedad son los pilares que se evalúan al momento de organizar a la Familia Empresaria. Por sí mismos guardan contradicciones en su seno y en la forma de enfrentar los intereses que representan. Es decir, la familia como tal y la empresa tienen un enfoque personal, individualizado, según el ciclo de vida que se hallen, y por tanto sus intereses estarán orientados a necesidades probablemente distintas de aquellas que mantiene, la familia por un lado y la empresa por otro. En otras palabras, una cosa es lo que la empresa como tal necesita y otra la que la familia espera. Por su parte, la propiedad contiene, per se, una diáspora de intereses que abarcará realidades distintas, tales como si se es propietario o no de la empresa y lo que se espera de ella, si siéndolo trabaja en ella o no, y el deseo de alcanzar la propiedad y la forma/tiempo de hacerlo. Estas realidades provocan una visión personalizada que con seguridad generará conflictos, en la medida que contienen pretensiones individuales que varían según el lugar que cada miembro ocupe o la perspectiva desde la que mire, o la urgencia que tenga. 

Armonizar este panorama requiere de un trabajo comprometido de los miembros de la familia empresaria, que tiene como base la necesidad del fundador de, en primer lugar, admitir la existencia del conflicto o de que éste se encuentra en ciernes; y en segundo lugar, decidir la organización de la familia y su sistema de manera técnica, ordenada y profesional de tal forma que se trace la cancha y que todos conozcan las reglas que rigen el juego y los esquemas de la relación familia-empresa, propiedad-empresa y familia-propiedad. (Pavón M. Protocolo Familiar: estructura y contenido).

Conocer estos tres esquemas relacionales contribuirá a que el contenido del proceso que debe seguir la familia para mantenerse unida, organizada y proyectada en el tiempo sea el adecuado. Este proceso se lo plasma en el Protocolo Familiar que, siendo un “documento vivo” dado que está condenado a la regla de la inmutabilidad del cambio, contiene un conjunto de normas mínimas a mantener en la familia empresaria, y cuyo génesis está en conocer los valores que rigen a la familia y que han sido los distintivos propios no solo en el ámbito económico, sino también social, de retribución, de control empresarial, de permanencia, de reconocimiento y compromiso; y que son precisamente los que sustentan la riqueza familiar, o lo que se denomina la “riqueza socio-emocional” propia de las familias empresarias, y cuyo reconocimiento y ético ejercicio les asegura la permanencia en el tiempo y su trascendencia intergeneracional.

En ese sentido, es de mucha importancia para la familia trabajar con tesón en la sostenibilidad de los valores familiares y para ello la comunicación resulta un factor ineludible al que debe acudir la familia, especialmente cuando ésta crece y se expande. Sobre todo “debido al riesgo siempre latente de que colisionen las esferas de lo privado y de lo corporativo” ((Vilanova N., La esencia de la empresa familiar, valores y comunicación).

Para el manejo de esta colisión de intereses, y los conflictos intrínsecos, cualquiera sea el origen, y su resolución, el Protocolo Familiar contempla la intervención del Consejo de Familia como un ente conformado generalmente por miembros de la familia, y en algunos casos también por asesores externos o empleados, y cuyas funciones son de la más variada índole, y que normalmente se orientan a velar por la unidad y bienestar familiar, el compromiso social, la estrategia empresarial, la sucesión, la propiedad y el entendimiento de los intereses familiares.

Con la intención de que se conozca el conflicto, el Protocolo Familiar establece ciertos mecanismos y procedimientos a seguir por parte del Consejo de Familia. Lo gravitante resulta que éste enfrente y acepte la gravedad del conflicto, su origen y las consecuencias. Así, distinto será que el conflicto surja porque no se admitió el ingreso de un miembro de la familia por no cumplir con el perfil profesional necesario, a que el conflicto surja porque uno de los miembros de la familia vendió sus acciones en la compañía sin respetar el procedimiento establecido en el propio Protocolo Familiar, quebrantando el orden de prelación familiar acordado.

Si bien es cierto el Protocolo Familiar puede prever los mecanismos de solución o sanción, no es menos real que su ejecución o aplicación resulta por demás difícil sino imposible de llevar a cabo en determinados casos, ya sea por la propia naturaleza del conflicto o por la reticencia de los miembros involucrados a aceptar lo resuelto por el Consejo de Familia. En ese sentido, los métodos alternativos aparecen como una tabla de salvación, dado que, al haberse agotado la posibilidad de que sea el Consejo de Familia el que encuentra o aplique una solución o sanción (mejor que hablar de “castigo”), la presencia de un mediador independiente se vuelve una alternativa, la que una vez acogida y sin éxito, deja el camino libre para acudir al arbitraje, generalmente administrado. Por esa razón es oportuno que el Protocolo Familiar prevea todos estos momentos y caminos de tal forma que la familia conozca cómo y por quiénes serán canalizados sus conflictos, a tal punto que se desarrolle en su texto una suerte de cláusula arbitral que contenga el convenio que regirá la solución del conflicto.

 

Autor: Dr. Francisco Santillán Almeida,
Quito, septiembre 2019
santillan abogados ecuador

 

 

Ago
30
Inlaw Alliance
Panamá y las Asociaciones Público – Privadas
Publicaciones, Derecho Jurídico
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panama asociaciones publico privadas

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Panamá y las Asociaciones Público – Privadas

El gobierno de la República de Panamá, mediante resolución de Consejo de Gabinete, ha presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, proyecto de ley para formalizar el régimen de asociaciones público privadas.

Mediante este instrumento jurídico, se pretende darle fundamento a otro mecanismo para promover la ejecución de obras públicas o de servicios específicos.

El Gobierno de Panamá, tiene como objetivo promover el turismo, la agroindustria y consolidar el nódulo logístico que funciona a propósito del Canal de Panamá.

Este proyecto pretende atraer capitales que se destinen a desarrollar y fortalecer las áreas estratégicas de la economía del país.

Mediante este esquema el sector privado asume los riesgos fundamentales de desarrollo y ejecución del proyecto correspondiente.

Al formalizar una actividad que se ha desarrollado en la práctica se pretende según la exposición de motivos del proyecto, lo siguiente:

    1. Garantizar que cualquier alianza pública privada, no atente contra las finanzas públicas.
    2. Crea una unidad técnica que coordinará cualquier proyecto de esta naturaleza.
    3. Establecen normas que deben cumplirse para determinar como viables las propuestas que provengan del sector priado para promover proyectos.
    4. Promover la posibilidad de modificar contratos por situaciones no previstas. Estas modificaciones amparadas en criterios antecedentes, garantizaría la seguridad jurídica de cualquier inversión.
    5. Se establece el arbitraje como fórmula de resolución de conflictos.

 

Autor:  Mendoza, Arias, Valle & Castillo

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Jul
23
Inlaw Alliance
Los scooters eléctricos y su regulación
Publicaciones, Derecho Constitucional, Derecho Público, InLaw Alliance, Oportunidad de Negocio
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scooters electricos regulacion

scooters electricos regulacion

Desde inicios del presente año se viene apreciando mayor cantidad de scooters eléctricos en las calles de la capital de Perú. Sin embargo, lo que ocurre aquí no es un fenómeno aislado, sino que se trata de una nueva alternativa de transporte que en los últimos años ha venido implantándose en diversas ciudades del mundo. Asimismo, en Perú han sido las empresas Grin y Movo ha sido las primeras en ofrecer un servicio de alquiler compartido por medio de aplicaciones para Smartphones.

En tal sentido, podemos afirmar a estas alturas que los scooters eléctricos o patinetas eléctricas han dejado de ser simples artículos de recreación para convertirse en el medio de transporte en el que un creciente número de peruanos se dirigen hacia sus trabajos o centros de estudio diariamente, los cuales, se han visto atraídos por las ventajas que estos ofrecen, entre las cuales están: el bajo costo que implica adquirirlos, poco espacio de almacenamiento, ahorro en combustible, respeto por el medio ambiente, bajo impacto acústico, etc.

No obstante, el que una nueva modalidad de transporte se introduzca en el parque automotor implica nuevos y mayores desafíos para los entes encargados de regularlos y es que, como se ha podido apreciar en los últimos días, por más que las patinetas sean ligeras de peso y no sean aptas para recorrer a altas velocidades, estas también pueden ocasionar serios accidentes, como el acontecido días atrás en la Avenida Salaverry donde un imprudente conductor de patineta que iba por la vereda atropelló a una señora, la cual resultó con múltiples fracturas.

Ante ello, el pasado 26 de abril el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió la Resolución Ministerial Nº 308-2019 MTC/01.02 a través de la cual incorporó este tipo de vehículos al Reglamento Nacional de Vehículos como Vehículos de Movilidad Personal (MVP), a los que, a través de la misma Resolución se les define como:

«( … ) aquel vehículo equipado con un motor eléctrico que permite su propulsión a una velocidad máxima de construcción de hasta 25km/h. Dicho vehículo por su diseño y características solo permite el desplazamiento de una (1) persona o usuario. Se consideran VMP a las patinetas, monopatines, monociclos, vehículos autoequilibrados, los cuales no son vehículos automotores o ciclomotores, debiendo circular en estricto por el carril derecho de la calzada de las calles y jirones, o en su defecto, el carril más cercano de la acera o ciclovías de las mismas.»

Por tanto, del artículo citado queda meridianamente claro lo siguiente:

  • La circulación de las patinetas deberá realizarse por la q1.l~da (pista) y no por veredas, pasajes, áreas verdes ni pasos peatonales.
  • El límite de velocidad máxima será de 25 Km/h. 
  • Solo se permite el desplazamiento de una persona por scooter.

Sin embargo, no debemos olvidar que el uso de estos vehículos ya se encontraba regulado toda vez que el Artículo 102º del Reglamento Nacional de Tránsito establece que «los conductores de vehículos menores automotores o no motorizados tienen los derechos y obligaciones aplicables a los conductores de vehículos mayores, excepto aquellos que por su naturaleza no le son aplicables»; indudablemente esta disposición incluye a los scooters eléctricos, por lo que algunas de las disposiciones contenidas en las Ordenanzas que han ido emitiendo o buscando emitir las diferentes municipalidades distritales resultarían innecesarias, contradictorias o desproporcionales, como en el caso de las multas.

Como muestra de lo antes señalado, el Artículo 138º del Reglamento Nacional de Tránsito ya prohíbe transitar y estacionarse con cualquier tipo de vehículo (evidentemente esto incluye a los scooters eléctrico) sobre las aceras, pasajes, áreas verdes, pasos peatonales y demás lugares donde se indique su prohibición.

Finalmente, no debemos dejar de lado que si bien las disposiciones normativas orientadas a regular el uso de los scooters eléctricos deberán ser coordinadas, resulta hasta utópico pensar estas van a poder ser fiscalizadas eficientemente cuando ello no ha sido posible ni siquiera en los vehículos motorizados (no es extraño ver motociclistas desplazándose por las veredas con total impunidad). Por lo tanto, a la adecuada regulación deberá añadirse la de generar conciencia en la población, es decir, hacer entender que existirán consecuencias concretas ante el incumplimiento de las reglas de tránsito.

Autor: Ricardo A. Obando V., Asistente Legal
montezuma abogados peru

Jul
15
Inlaw Alliance
3 Formas de establecer una empresa extranjera en España
Publicaciones, Inversión Extranjera, Oportunidad de Negocio
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como establecer empresa extranjera espana

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Formas de establecer una empresa extranjera en España y la oportunidad de negocio

Antes de entrar en el análisis de las principales modalidades para establecer una empresa extranjera en España, es necesario conocer  los puntos fuertes del país a nivel global, toda vez que estos brindan una amplia oportunidad de negocio a los inversores extranjeros. 

En armonía con lo dicho, cabe destacar la flexibilidad y adaptabilidad de los operadores económicos y la calidad de vida que ofrece el Estado español, así como las ayudas otorgadas a empresas extranjeras, tanto por la Administración Central como por determinadas Comunidades Autónomas, que decidan invertir en territorio español en forma de subvenciones, ventajas fiscales, acceso preferencial al crédito…entre otras.

De igual forma, otro factor de gran interés para los inversores extranjeros, aunque en este caso, solo para países pertenecientes a la Unión Europea que decidan establecerse en suelo hispano, es el principio de libre establecimiento y de no discriminación que rige en el país. Lo que conlleva que los inversores extranjeros comunitarios puedan ejercer cualquier actividad con las mismas condiciones que un inversor español.

Expuesto el marco general y de negocio establecido en el modelo español, conviene analizar las principales formas de establecer una empresa extranjera en España (3):

1.- Crear una sucursal:

Esta primera modalidad constituye la forma más usual. El Reglamento del Registro apunta en su artículo 295 noción de sucursal: “todo establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través del cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad.” 

De acuerdo con el ordenamiento jurídico español,  la constitución de una sucursal no supone la creación ex novo de una sociedad, ya que la misma no cuenta con personalidad jurídica propia, sino que es compartida con la sociedad matriz. Ello conlleva que la sucursal española dependerá de la matriz, y no contará con Órganos de Administración propios.

Para lograr la creación de este tipo de establecimiento es necesario superar determinados trámites  entre los que se encuentran: a)- La obtención de un certificado que demuestre que la sociedad matriz cumple la legislación en su país de origen, b)- el ingreso del capital social en una entidad bancaria, c) – la constitución de la sucursal ante notario, d)-la adquisición del NIF (Número de Identificación Fiscal), e)- el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y f).- la inscripción de la sucursal en el Registro Mercantil.

2.- Crear una oficina de representación:

Se trata de una opción menos frecuente a la hora de establecer una empresa extranjera en España. De manera sucinta, la oficina de representación puede ser definida como una estructura de implantación empresarial inferior a la sucursal. 

Por lo que se desprende de la definición dada, la oficina de representación no tiene personalidad jurídica propia. La misma es dirigida por un representante conferido con unos poderes, sin contar, por tanto, con un órgano de administración en España. 

Por ello, no es el mecanismo más idóneo para establecer una empresa extranjera en suelo español. 

3.- Crear una sociedad filial o subsidiaria:

La tercera forma de establecer una empresa extranjera en España es mediante la creación de una filial. Por filial ha de entenderse una sociedad española con personalidad jurídica propia constituida con capital extranjero. 

Los estatutos de la filial han de estar aprobados por la sociedad matriz y esta última debe estar constituida legítimamente en su país de origen. 

A su vez, es preceptivo para la constitución de la filial realizar el ingreso del capital social en una entidad bancaria española, firmar la escritura de constitución ante fedatario público (notario), obtener el Número de Identificación Fiscal provisional, liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la inscripción en el Registro Mercantil. Posteriormente, puede obtenerse el Código de Identificación Fiscal definitivo.

Además, la filial ha de estar provista de una denominación social autorizada por el Registro Mercantil Central para evitar que su nombre coincida con  alguna otra sociedad registrada anteriormente en el territorio español.

Como último paso administrativo a cumplir, será requisito sine qua non  registrar la filial en el Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía.

De lo expuesto se desprende, no solamente las atractivas oportunidades  de negocio y de apoyos de la Administración que encuentran en España los inversores extranjeros, sino también la amplia oferta de fórmulas societarias de establecimiento que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

 

Autor:  Círculo Legal

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5 cosas que debes saber para hacer negocios en el Perú
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Referencia: Ley General de Sociedades, TUO SUNARP, TUO SUNAT, Tratados de Comercio e Integración

Primera Cuestión

Libertad económica

En Perú existe libertad para el ejercicio de la actividad económica con un papel subsidiario del Estado. Las únicas restricciones que existen son reguladas por la ley y por el orden público. En ese sentido la gama de actividades económicas ya sea en la investigación, desarrollo, producción, intermediación y comercialización de productos y servicios es muy variada.

 

Segunda Cuestión

Inversión extranjera

Perú es un país abierto a la inversión extranjera, como tal ha suscrito decenas de tratados bilaterales de comercio e inversión, e integra diversos bloques de integración económica como el MERCOSUR, la CAN, TPP CPTPP, entre otros.

 

Tercera Cuestión

Constitución de una empresa, registros y licencias

En caso se opte por hacer el negocio a través de una persona jurídica, se deberá optar por una razón social que dependerá del número y tipo de socios que conformen dicha persona jurídica, así como de la actividad económica escogida. El número mínimo de socios para constituir una sociedad es de dos socios, estos pueden ser extranjeros a quien deben contar con una autorización para suscribir contratos.   No existe una suma mínima para constituir una sociedad en el Perú, sin embargo es recomendable que esta deba tener un capital básico inicial de S/ 1000.00 que es equivalente a US$ 350.00. La constitución de la persona jurídica, así como otros actos relacionados con la persona jurídica regulados por la Ley General de Sociedades, deben inscribirse en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Asimismo, si el negocio se realiza en un establecimiento físico, dependiendo del giro de las actividades se deberá obtener una licencia de funcionamiento, ante la municipalidad (cabildo o ayuntamiento) donde se ubica el negocio, los requisitos específicos para la obtención de la licencia los proporcionan las municipalidades.

Sin perjuicio de lo anterior, para la producción y comercialización de algunos bienes y servicios como alimentos, bebidas alcohólicas, químicos, transportes entre otros, se requieren permisos especiales obtenidos en dependencias específicas de la administración pública.

 

Cuarta cuestión

Régimen tributario

Dependiendo del tipo de persona jurídica escogida, el valor de los ingresos y el valor de los activos del negocio se deberá elegir el régimen tributario. Si bien la presión tributaria en términos generales por parte del Estado no es muy fuerte, esto se debe principalmente a la informalidad, por lo que la presión tributaria sí es considerable cuando se trata de actividades y negocios formales.

 

Quinta cuestión

Contratación de personal

La legislación laboral contempla contratos de trabajo a plazo fijo e indeterminado, contratos temporales y por tipos de actividad. Asimismo, es posible la tercerización laboral a través de empresas intermediadoras.

Los derechos laborales contemplan protección ante el despido arbitrario, contra el hostigamiento laboral, pago de beneficios sociales, seguridad social y el derecho a la huelga y la creación de sindicatos.

 

Autor:  Montezuma Abogados

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