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La Ley de Promoción de Emprendimientos, sancionada por el parlamento el pasado 11 de septiembre de 2019 pero aún no promulgada por el Poder Ejecutivo, se constituye en un logro significativo del ecosistema emprendedor.

La Ley consta de 54 artículos y tiene una división clara en tres fragmentos: a) establecimiento de lineamientos y directrices de la promoción del emprendedurismo como política pública; b) regulación de un nuevo tipo de sociedad comercial denominada sociedad anónima simplificada (SAS) a la que se dedica la mayor parte del cuerpo normativo; c) reforma a la Ley de Mercado de Valores (Ley N° 18.627) con la introducción del sistema de financiamiento colectivo, conocido como crowdfunding.

Esta norma legislativa también deja muchos aspectos librados a las normas regulatorias que se dictarán próximamente, sin perjuicio de que, adicionalmente, la implementación de muchos aspectos en ella recogidos requieren el desarrollo y disponibilidad de medios técnicos aún no existentes para su efectiva ejecución. 

La primera gran ventaja que tiene la ley uruguaya es que no da una definición de emprendimiento o de emprendedor, lo que resulta beneficioso comparativamente respecto de otras leyes, por ejemplo, la ley argentina. Esto es una bondad de la ley, en tanto al no definir, no limita quién puede acceder a los beneficios en ella establecidos. 

1. Política pública de fomento del emprendedurismo

La Ley declara de interés nacional el fomento de los emprendimientos a través de la consolidación del ecosistema emprendedor del país, el desarrollo y la difusión de la cultura emprendedora, y la promoción y el desarrollo de los emprendimientos y emprendedores. 

Con este faro guía se establecen las directrices que el Estado uruguayo promueve entre las que se destacan: a) fomentar los emprendimientos que incluya los marcos institucionales para la definición de políticas y el diseño de programas e instrumentos; b) motivar la proactividad personal y grupal, el espíritu emprendedor y el desarrollo de una cultura emprendedora, con formación de individuos autónomos, solidarios, con disposición al trabajo colaborativo e interesados en la innovación, la creatividad y la identificación de nuevos desafíos; c) remover de obstáculos y restricciones; d) facilitar el escalamiento de los emprendimientos y su internacionalización, incluyendo acceso al financiamiento. 

Dentro del marco institucional, la Ley incluye o amplía puntos dentro de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (N° 19.472); se describe el Plan Nacional de Emprendimientos como un capítulo específico dentro del Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad; se consagra la marca Uruguay Emprendedor y el Día Nacional de la Cultura Emprendedora (tercer jueves de noviembre de cada año) con cometidos específicos de los Ministerios y de las Intendencias para ese día.

2. Nuevo tipo de sociedad comercial: las sociedades anónimas simplificadas (SAS)

Uno de los puntos que tradicionalmente se han señalado como críticos para el emprendedurismo uruguayo es el acceso a la estructuración jurídica adecuada para el desarrollo del emprendimiento en concreto. El entramado de estructuras existentes demuestra que estas carecen de la flexibilidad y agilidad que actualmente se demanda.

En este contexto, el ordenamiento uruguayo adopta, en lo que consideró oportuno, la Ley Modelo de Sociedades Anónimas Simplificadas, aprobada por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el espíritu de flexibilizar y adecuar a las dimensiones respectivas de los emprendimientos. 

La Ley dedica 40 artículos a esta figura, por lo que en esta primera aproximación destacaremos lo que a nuestro criterio resulta novedoso, más relevante y redunda en un verdadero beneficio para el ecosistema. Muchas de las disposiciones necesitarán reglamentación por lo que habrá más novedades en los próximos días.

  • Se reconoce un amplio alcance a la autonomía de la voluntad: por una parte, se reconoce a los particulares amplia facultad para determinar aspectos variados, por ejemplo, la protección de minorías; por otra parte, la formación del estatuto tendrá que contemplar puntos de forma más consciente dado que la aplicación supletoria del marco general puede no ser adecuado a la nueva estructura. 
  • No están sujeta a control por el órgano estatal, la Auditoría Interna de la Nación (AIN), salvo que tengan ingresos anuales superiores a USD 4.380.000 aproximadamente (teniendo en cuenta las cotizaciones actuales de la unidad indexada y del dólar estadounidense).
  • Puede constituirse por una o más personas físicas o jurídicas (menos sociedades anónimas).
  • Tecnología: Se prevé la constitución por instrumentos digitales y el establecimiento de procedimientos para que todo el proceso de constitución se tramite de forma digital. También se prevé expresamente la convocatoria, realización y deliberación de las asambleas mediante mecanismos digitales. 
  • Las acciones son nominativas o escriturales, no se prevé la existencia de acciones al portador. 
  • Se pueden prever montos mínimos y máximos de capital social que podrán ser controlados por uno o más accionistas.  
  • Transformación: se pueden transformar en SAS otros tipos sociales, salvo las sociedades que cotizan en bolsa, las sociedades constituidas por personas públicas, y las SA constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley. Se regula expresamente la conversión de empresas unipersonales (que no constituyen personas jurídicas diferentes a la persona física que es su titular) en SAS, con determinados beneficios. Esto es un punto relevante dado que a nivel nacional los emprendimientos se suelen canalizar mediante este mecanismo, ya que permite a bajo costo comenzar a operar de forma rápida, sin embargo, tiene muchas limitaciones. En este sentido se establece: 
    • Una suerte de continuidad de la empresa ahora bajo la forma de SAS
    • La exoneración de tributos
    • La exoneración de cumplir con la normativa nacional en materia de compraventa de casas de comercio, única forma posible para una empresa unipersonal poder transferir el emprendimiento a otra estructura. 
  • Para la resolución de conflictos societarios se prevé expresamente la posibilidad de acceder al arbitraje, siempre que este se haya previsto en el Estatuto.

Entendemos que esta nueva estructura social, más flexible y que otorga espacios de autonomía de la voluntad más amplios, permitirá el desarrollo de emprendimientos mediante una estructuración que permita recibir financiamiento privado sin perder el control del emprendimiento por parte de sus fundadores, y constituirá también, una nueva forma de inversión para quienes deseen apoyar iniciativas nacionales.

3. Sistema de Financiamiento Colectivo o Crowdfunding

Conjuntamente con el acceso a la estructura jurídica para encaminar el emprendimiento, el ecosistema emprendedor uruguayo tiene otra fuerte preocupación: el acceso al financiamiento

Hoy en día los emprendedores uruguayos acceden a capitales proporcionados por entes estatales en forma de capitales semilla, pero la legislación interna en materia de mercado de valores les ponía en desventaja con emprendedores de otras partes del mundo, al dificultarles el acceso a la captación de fondos privados. La regulación del mercado de valores no permitía la flexibilidad necesaria para hacerlo, además, este resulta excesivamente oneroso.

Si bien la Ley modifica la normativa del mercado de valores para hacer esto posible, su implementación está sujeta a regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros, por lo que deberá aguardarse a que se emita esta reglamentación para proceder a los registros pertinentes. 

Aparece un nuevo canal: las plataformas de financiación colectiva. Estas nuevas disposiciones permitirán el establecimiento de plataformas en Uruguay y la emisión de valores localmente. Las administradoras de plataformas oficiarán como representante de los tenedores, como agente de pago y como entidad registrante de los valores. Los requisitos para obtener la autorización e integrarse al registro respectivo tanto para administradoras como para emisores serán establecidos por la reglamentación. 

Esta modalidad está reservada para emisiones de monto reducido (a determinar por la reglamentación) y para pequeños inversores por montos máximos de inversión (a determinar por la reglamentación). 

Al dejar muchos aspectos librados a la reglamentación se abre un abanico grande de posibilidades en este campo. Sin lugar a dudas, este ámbito se constituye en una oportunidad de inversión tanto desde la perspectiva tecnológica (implementación de plataformas, tokenización, etc) como en los emprendimientos en concreto.

Autor:  Supervielle – de Cores Abogados

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