El 22 de julio se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.260 que prevé, entre otras cosas, un Régimen de Sinceramiento Fiscal. En el marco del proceso de reglamentación de dicha Ley, el 28 de julio del 2016 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto Reglamentario N° 895/2016, el cual establece disposiciones adicionales y/o complementarias para la reglamentación de dicho régimen.

Exteriorización de Bienes

El régimen de exteriorización se presenta como una amnistía fiscal para aquellos contribuyentes que exterioricen bienes no declarados, tanto del país como del exterior, sin la necesidad de su ingreso al país. La exteriorización de la tenencia de bienes en el país y en el exterior podrá realizarse en un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive.

Tanto las personas humanas y sucesiones indivisas, como así también las personas jurídicas domiciliadas y residente en el país, quedarán habilitadas para la adhesión al régimen. Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la fecha de la promulgación de la ley en el caso de bienes declarados por personas humanas, y a la fecha de cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1 de enero de 2016, en el caso de bienes declarados por personas jurídicas.

El régimen contempla expresamente la exteriorización de participaciones societarias, derechos inherentes a la condición de beneficiario de fideicomisos, y todo tipo de derechos susceptibles de valor económico.

Quien declare ser titular de los bienes puede exteriorizarlos a los efectos del régimen, aunque se encuentren en posesión, registro, o depósito a nombre del cónyuge, de ciertos parientes o aun de terceros. La reglamentación deberá fijar reglas más precisas sobre la cuestión a fin de evitar interrogantes sobre presentación de declaraciones juradas futuras.

Asimismo, se debe considerar el 31 de octubre de 2016 como una fecha de suma relevancia, dado que la misma opera como límite para exteriorizar la tenencia de dinero en efectivo en el país mediante su depósito en bancos en Argentina. El dinero deberá permanecer depositado a nombre del titular hasta el 31 de marzo de 2017 durante un plazo nunca inferior a seis meses, previéndose excepciones cuando los fondos se destinen al pago del impuesto especial, la suscripción de bonos o cuota partes, o la adquisición de bienes inmuebles o muebles registrables.

Los contribuyentes que deseen adherir deberán presentar una declaración jurada individualizando la totalidad de los bienes e incluyendo, entre otras cosas, un extracto bancario que respalde las cuentas tanto del país como del exterior. Asimismo, aquellos contribuyentes que no adhieran al blanqueo, deberán presentar una declaración jurada de confirmación de datos. Esto podría verse como un beneficio para aquellos contribuyentes no adherentes al régimen respecto de situaciones pasadas.

Se establece un impuesto especial aplicable sobre el valor de los bienes exteriorizados, cuya alícuota varía según el siguiente esquema:
• Cero por ciento: La alícuota es del 0% cuando los bienes exteriorizados –de cualquier tipo– tienen un valor menor a $305.000.
• Cinco por ciento: La alícuota del 5% se aplica en dos casos. En primer lugar, cuando el valor de los bienes exteriorizados –de cualquier tipo– se encuentre sea mayor a $305.000 y menor a $800.000. El segundo caso en el que se aplica la alícuota del 5 % es el de la exteriorización de inmuebles, sea que estén ubicados en el país o en el exterior.
• Diez por ciento: La alícuota del 10 % se aplica por la exteriorización de bienes que supere la suma de $ 800.000 que se realice hasta el 31 de diciembre de 2016 (en tanto no se trate de inmuebles).
• Quince por ciento: La alícuota del 15% se aplica cuando la exteriorización de los bienes supere la suma de $800.000 y la declaración de los bienes se realiza entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2017 (en tanto no se trate de inmuebles).

En los casos en los que es corresponde liquidar el impuesto por aplicación de las tasas del 10 o del 15 %, es posible dar en pago títulos Bonar 17 o Global 17, caso en el cual la alícuota del gravamen se reduce al 10%, y los títulos son recibidos a su valor nominal aun cuando la adhesión se realice después del 31 de diciembre de 2016. La exteriorización de activos resulta eximida del pago del impuesto, cuando los fondos se destinan a la suscripción originaria de ciertos títulos públicos que habrán de ser emitidos al efecto. Se trata de títulos en dólares, intransferibles y no negociables.

Tampoco se pagará el impuesto cuando los activos exteriorizados sean destinados a la suscripción o compra de cuotas partes de Fondos Comunes de Inversión que serán especialmente regulados por la Comisión Nacional de Valores, los cuales invertirán en objetos vinculados con la economía real en Argentina. Las cuotas partes sólo podrán ser transferidas después de transcurridos cinco años desde su suscripción.

Beneficios de la adhesión

Como en todo “blanqueo”, el beneficio que obtiene el contribuyente es el de incorporar los bienes a su activo declarado, sin que ello dé lugar a reclamos de la autoridad fiscal en relación con los gravámenes que hubiesen correspondido por las operaciones que habrían dado lugar a la generación de tales activos (Impuesto al Valor Agregado), por la obtención de la renta (Impuesto a las Ganancias), y por la presencia de los activos en el patrimonio (Impuesto sobre los Bienes Personales).

El acogimiento al régimen libera al contribuyente de todo posible reclamo o sanción, incluyendo aquellas relativas a la aplicación de la ley penal tributaria, ley penal cambiaria, legislación penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de obligaciones vinculadas u originadas en los bienes exteriorizados y en las rentas que los hubieran generado.

No obstante, este perdón o amnistía inherente al “blanqueo”, no comprende lo relativo al régimen de la Ley N° 25.246 que reprime el lavado de activos de origen delictivo. Con este motivo, el origen de los bienes exteriorizados puede ser objeto de investigación a los efectos de establecer si ellos tienen relación con el lavado de activos provenientes de la comisión de delitos, dejando de lado las figuras delictivas de naturaleza fiscal y cambiaria respecto de las cuales operan los beneficios propios del blanqueo.

Algunos de los aspectos en los cuales existía cierta incertidumbre son, entre otros:
(i) Para el caso de exteriorización de bienes de titularidad de parientes o terceros, se dispone que el requisito de residencia en el país en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias será aplicable únicamente a la exteriorización de bienes de “terceros”.

Asimismo, las operaciones que se realicen con el propósito de dar cumplimiento al requisito de transferencia de titularidad de los bienes exteriorizados, serán no onerosas a los fines tributarios y no generarán gravámenes.

Sin perjuicio de que hubiera sido deseable que la titularidad requerida fuera solo a los efectos impositivos para no generar procedimientos registrales futuros y honorarios de profesionales, celebramos la norma en cuanto a la eximición de los costos impositivos que pudieran existir.

(ii) Otra de las convenientes aclaraciones del Decreto es que el requisito de transferencia de titularidad mencionado más arriba no será necesario en los casos de exteriorización de bienes de titularidad de entidades del exterior.

Una interpretación extensiva del requisito a este tipo de exteriorización podría haber tenido como resultado la generación de costos impositivos y de diversa índole tornando, en algunos casos, inviable económicamente el ingreso al Régimen.

No obstante, sí deberán incluirse en la declaración jurada correspondiente los bienes exteriorizados en la medida en que permanezcan en el patrimonio del declarante.

Dentro de las vicisitudes que restaba aclarar por la normativa, se encontraba el interrogante respecto a qué ocurre en el caso de fideicomisos irrevocables y sujetos adicionales a “beneficiarios y titulares” a los que hace referencia la Ley.

Se dispuso, a tal fin, que la exteriorización podrá ser realizada por cualquier de los fideicomitentes, fideicomisarios, fundadores, constituyentes o aportantes de fideicomisos, fundaciones o asociaciones o ente similar constituido en el exterior.

Asimismo, las declaraciones de éstos, así como la de cualquiera de los derechohabitantes, accionistas o titulares de fideicomisos, fundaciones, asociaciones, sociedades o cualquier otro ente constituido en el exterior, producirán respecto de todos ellos, los beneficios previstos por el Régimen.

(iii) En lo relativo al régimen de Fondos Comunes de Inversión (“FCI”), si bien es reglamentado específicamente por la Comisión Nacional de Valores (‘‘CNV’’), el Decreto aclara que los FCI Abiertos estarán habilitados para recibir los fondos que transitoriamente se destinen a la suscripción o adquisición de cuotapartes que pasarán a integrar una “clase” específica a emitirse.

Se destaca que el producido total del rescate de las cuotapartes deberá destinarse a la adquisición de cuotapartes de un Fondo Común de Inversión Cerrado antes del 11 de marzo de 2017. En caso de no ser concretada tal adquisición, se deberá abonar el impuesto especial determinado sobre el monto que resulte mayor entre el declarado e invertido en el Fondo Común de Inversión Abierto y el producido total del rescate de dichos fondos. La alícuota variará dependiendo si el rescate se hiciese antes o después del 31 de diciembre de 2016.
Esta alternativa podría resultar atractiva para contribuyentes que deseen, además de exteriorizar sus bienes tomar la iniciativa de invertir en economía real o de infraestructura aprovechando la oportunidad establecida en el Régimen.

(iv) Una limitación esperada es aquella prevista en relación a los títulos públicos a emitirse por el Estado Nacional. El órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional determinará el límite máximo de emisión de dichos instrumentos.

(v) Por último, respecto de la exteriorización parcial se establece que la detección de incongruencias en la declaración presentada no provocará el decaimiento de los beneficios siempre que el total de los bienes o tenencias no exteriorizados sea de un monto inferior a $ 305.000 (incluyendo inmuebles) o equivalentes al 1% de los bienes exteriorizados.

 

Autor:  Martínez, Solana & Subotiak Abogadas
Martínez, Solana & Subotiak Abogadas